Circe Almánzar, experta en gestión de residuos sólidos, aplaudió la reciente aprobación de la modificación a la Ley de Residuos Sólidos y Coprocesamiento por parte del Congreso dominicano. Sin embargo, su postura contrasta con la de varios gremios empresariales, que han levantado la voz en contra de la reforma, argumentando falta de análisis técnico y posibles impactos negativos en sectores clave como el turismo y las pequeñas empresas.
Consenso y avances en la ley
Almánzar destacó que el diálogo entre los diputados y el sector empresarial permitió reducir la contribución anual que las empresas deben pagar, lo que consideró un paso hacia una política ambiental más equilibrada. Además, resaltó que los porcentajes obligatorios de uso de residuos en materiales quedaron pendientes de normativas técnicas futuras, asegurando que estas deberán ser elaboradas de manera participativa entre el sector privado y el Ministerio de Medio Ambiente.
Definiciones claras y recolección de residuos
La experta también aclaró que la nueva definición de distancia para plantas de valorización solo aplica a instalaciones que manejan residuos sólidos urbanos y de manejo especial, excluyendo aquellas dedicadas a residuos prioritarios. Además, subrayó que la recolección de residuos en establecimientos sigue siendo responsabilidad de gestores autorizados, como los ayuntamientos, tal como lo establece la legislación vigente.
Oposición de los gremios
Mientras Almánzar celebra la reforma, los gremios del sector turístico y hotelero expresaron su rechazo, argumentando que la ley carece de un análisis técnico profundo y podría afectar la competitividad del sector y la autonomía municipal. Por su parte, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) criticó el aumento desproporcionado de la contribución especial, señalando que no se basó en estudios técnicos.
La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) también alertó que la reforma representa una amenaza directa para la sostenibilidad de más de un millón de pequeñas y medianas empresas en el país.
Conclusión
La modificación a la Ley de Residuos Sólidos ha generado opiniones encontradas. Mientras Almánzar la ve como un avance ambiental, los gremios empresariales la cuestionan por sus posibles impactos económicos. Ahora, la pelota está en el tribunal del Poder Ejecutivo, que debe decidir si promulgar la ley o no.
