En 2025 se registró un récord mundial de ejecuciones, con al menos 2.707 personas ejecutadas, la cifra más alta desde 1981. Según Amnistía Internacional, estas ejecuciones se concentraron en solo 17 países, liderados por Irán y Arabia Saudí, quienes intensificaron la represión bajo el pretexto de seguridad nacional. El uso de la pena capital aumentó un 78 % respecto al año anterior, en un momento en que la tendencia global sigue avanzando hacia su abolición.
Irán encabezó la lista con 2.159 ejecuciones, muchas de ellas relacionadas con la represión tras las protestas "Mujer Vida Libertad" de 2022 y la guerra de 12 días con Israel. Las autoridades iraníes aceleraron los procesos judiciales contra quienes consideraban aliados de países hostiles, incluido Israel. Además, las cifras no incluyen las ejecuciones derivadas de las protestas masivas de enero de 2025, que dejaron miles de muertos según estimaciones no oficiales.
Arabia Saudí, por su parte, alcanzó un récord histórico con 356 ejecuciones, el 67 % de ellas relacionadas con el tráfico de drogas. La mayoría de los condenados eran ciudadanos extranjeros, provenientes de países como Egipto, Nigeria o Pakistán. Amnistía Internacional denunció que estas ejecuciones incumplieron estándares internacionales, ya que incluían delitos no violentos y personas pertenecientes a la minoría chií que habían participado en protestas anteriores.
Otros países destacados fueron China, donde se estima que se realizan miles de ejecuciones anuales en casos de tráfico de drogas, corrupción o supuestos ataques al régimen, aunque los datos oficiales permanecen clasificados. También se documentaron ejecuciones en Estados Unidos, Egipto, Singapur y Kuwait, entre otros.
Amnistía Internacional señaló violaciones graves del derecho internacional, como ejecuciones públicas en Afganistán e Irán, la imposición de penas de muerte a menores de edad y el uso de confesiones obtenidas bajo tortura. En varios casos, los juicios carecieron de garantías procesales básicas.
A pesar del aumento global, la organización destacó el creciente aislamiento de los países que aún aplican la pena de muerte. "Con los derechos humanos amenazados en todo el mundo, millones de personas siguen luchando contra la pena de muerte, en una potente demostración de humanidad compartida", afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. La lucha global por la abolición sigue siendo urgente ante estas cifras alarmantes.
