EE.UU. prepara acusación penal contra la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez por corrupción y lavado de dinero
La Fiscalía federal de Estados Unidos avanza en silencio con una acusación penal contra Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, por corrupción y blanqueo de capitales, según una exclusiva de Reuters. El movimiento judicial se enmarca en la presión política de la Administración Trump sobre el gobierno de Nicolás Maduro, buscando condicionar decisiones clave en Caracas durante una etapa crítica para el país.
Rodríguez, una de las figuras más poderosas del chavismo, lleva años en el radar de la DEA (agencia antidroga estadounidense), que en 2022 la catalogó como "objetivo prioritario" por su presunta vinculación con narcotráfico y contrabando de oro. Según Associated Press, su nombre aparece en al menos una docena de investigaciones, algunas aún abiertas, que la relacionan con redes de lavado de dinero y negocios opacos, incluyendo supuestos vínculos con el empresario Alex Saab, acusado de ser testaferro de Maduro.
La posible acusación, preparada con el respaldo directo del presidente Trump, funcionaría como una palanca para aumentar la presión sobre el régimen venezolano en medio de los esfuerzos de Washington por influir en una eventual transición política. Aunque Rodríguez no ha sido imputada públicamente, fuentes cercanas al Departamento de Justicia señalan que el expediente ya está en desarrollo y podría presentarse en un tribunal de Miami, ampliando así la ofensiva legal contra la cúpula chavista.
Negocios turbios y conexiones peligrosas
Un informe de la DEA, citado previamente por ABC, detalla cómo Rodríguez y su pareja, el empresario libanés Yussef Abou Nassif, habrían amasado fortunas mediante contratos estatales durante los peores años de la crisis venezolana. El documento también menciona sospechas —aún sin pruebas concluyentes— de conexiones con grupos como Hezbolá y Hamás. La vicepresidenta ha demandado al medio por difamación, pero las investigaciones siguen su curso.
La estrategia de EE.UU. parece clara: escalar la presión jurídica sin necesidad de una condena firme. Basta con la amenaza de una acusación para limitar la movilidad internacional de Rodríguez, dañar su reputación y enviar un mensaje contundente al chavismo: nadie está a salvo de la justicia estadounidense.
¿Juego político o justicia real?
Aunque Reuters insiste en que el proceso avanza en secreto, expertos sugieren que Trump podría usarlo como moneda de cambio en futuras negociaciones. Mientras, el chavismo enfrenta un dilema: resistir o ceder ante un escenario donde las sanciones económicas se combinan con causas penales concretas.
Por ahora, Rodríguez sigue al mando, pero la sombra de una acusación federal podría cambiar las reglas del juego en Venezuela. La pregunta es cuándo —y cómo— Washington decidirá actuar.
