Dos niñas haitianas mueren en centro de acogida del Estado mexicano por presunta negligencia

Dos niñas haitianas mueren en centro de acogida del Estado mexicano por presunta negligencia

Dos niñas haitianas mueren en centro de acogida del gobierno mexicano en medio de críticas por negligencia

Dos niñas migrantes de origen haitiano fueron halladas muertas en una cisterna de un centro de acogida estatal en Oaxaca, México, en un caso que ha destapado graves fallas en la protección de menores bajo custodia del gobierno. Las víctimas, cuya madre también estaba alojada en el lugar, habrían caído en la zona de riesgo mientras jugaban, según la versión oficial, aunque organizaciones denuncian negligencia y opacidad en la investigación.

El incidente ocurrió el 24 de febrero de 2026 en la Casa Hogar "Patos", gestionada por el Sistema DIF y vinculada al Instituto Nacional de Migración (INM). Las autoridades removieron a tres empleados, pero defensores exigen una investigación transparente y responsabilidades penales. "Es imposible que una cisterna estuviera abierta y sin supervisión. Esto es un crimen por omisión", declaró Sandra Martínez, abogada del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).

El caso no es aislado. En 2019, una niña guatemalteca murió en una estación migratoria de la Ciudad de México tras ser ignorada por médicos del INM. Aunque desde 2020 está prohibido alojar a menores en estos centros, organizaciones denuncian que los albergues del DIF replican condiciones de encierro y carecen de personal capacitado. "México incumple sus obligaciones internacionales", señaló Martínez, destacando la vulnerabilidad de las migrantes haitianas, que huyen de crisis políticas y violencia.

La CIDH condenó los hechos y exigió reparaciones para la madre, mientras ACNUR y UNICEF ofrecieron apoyo técnico. Datos oficiales revelan que en 2025 más de 15,000 menores migrantes fueron canalizados a centros mexicanos, muchos no acompañados.

La tragedia reavivó el debate sobre las condiciones en estos espacios, donde familias enteras permanecen en limbo, sin acceso a información legal o garantías de seguridad. "El Estado falló en protegerlas", sentenció Martínez.

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