La pérdida del respaldo de su propio partido dejó al mandatario sin apoyo político suficiente para contener el proceso de destitución. Peña anunció que dimite para preservar la estabilidad del país, pero el Congreso deberá decidir si acepta su renuncia.
Paraguay atraviesa una de sus mayores crisis políticas de los últimos años. La Cámara de Diputados inició este jueves el procedimiento de juicio político contra el presidente Santiago Peña Palacios, después de que sectores de la oposición y legisladores de su propio partido anunciaran que respaldarían la acusación.
El giro más significativo se produjo cuando la bancada oficialista del Partido Colorado, que hasta entonces no había definido públicamente su posición, comunicó que votaría a favor del juicio político. Con esa decisión, el mandatario perdió el respaldo de la estructura política que lo llevó al poder y quedaron reunidos los votos necesarios para impulsar el proceso.
En medio de la sesión legislativa y de las protestas que sacuden Asunción, Peña anunció que presentó su renuncia a la Presidencia de la República.
«He tomado la decisión de presentar mi renuncia como presidente de la República», expresó en un mensaje difundido en video. El mandatario explicó que tomó la decisión pensando en la estabilidad del país, la paz social y la preservación de las instituciones democráticas.
Sin embargo, su salida no queda formalizada automáticamente. La Constitución paraguaya establece que el Congreso debe aceptar o rechazar la renuncia presidencial. El vicepresidente Pedro Alliana figura como sucesor constitucional en caso de que la dimisión sea aceptada.
El caso Ueno Bank detonó la crisis
La crisis política se desencadenó tras la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay, luego de que una revisión financiera detectara irregularidades y un deterioro de su solvencia por debajo del mínimo legal.
La entidad, que contaba con más de tres millones de clientes, mantenía depósitos públicos por aproximadamente 800 millones de dólares. La interrupción de sus operaciones dejó a millones de personas sin acceso inmediato a sus cuentas, ahorros y otros servicios financieros.
El caso adquirió una dimensión política por los vínculos empresariales que existieron entre Peña y el grupo propietario de la entidad. El mandatario había tenido participación accionaria en una empresa relacionada con Ueno hasta marzo de 2025 y, posteriormente, designó al frente del Banco Central a Carlos Carvallo, quien había presidido Financiera Ueno, antecesora del banco.
El libelo acusatorio presentado por 35 diputados atribuye al presidente posibles conflictos de intereses, modificaciones legislativas relacionadas con esa materia y decisiones vinculadas a la concentración de fondos del Instituto de Previsión Social en la entidad financiera.
Estas acusaciones forman parte de los argumentos presentados para justificar el juicio político y deberán ser examinadas dentro del procedimiento constitucional.
El Partido Colorado también le retiró su respaldo
La decisión de la bancada oficialista de acompañar el juicio político representó un quiebre dentro del Partido Colorado, organización que ha mantenido una prolongada influencia en la política paraguaya.
La pérdida de ese respaldo dejó a Peña en una situación de aislamiento político. Legisladores que anteriormente defendían la continuidad del Gobierno cambiaron de posición ante la magnitud de la crisis bancaria y las consecuencias para los ahorristas.
La Cámara de Diputados debía votar la acusación para que el procedimiento continuara en el Senado. De acuerdo con el artículo 225 de la Constitución paraguaya, se necesita una mayoría de dos tercios de los legisladores presentes para formular la acusación. El Senado tiene posteriormente la responsabilidad de juzgar el caso y decidir si corresponde la destitución.
Protestas y preocupación por los ahorros
Mientras se desarrollaba la crisis institucional, cientos de ciudadanos se manifestaron en Asunción para exigir responsabilidades por el colapso de Ueno Bank y reclamar la recuperación de sus recursos.
Entre los afectados figuran ahorristas, jubilados, trabajadores y personas que dependen de los servicios financieros de la entidad. También se han producido protestas de empleados vinculados al grupo empresarial, quienes reclaman el pago de salarios y otras obligaciones laborales.
Las autoridades han iniciado un proceso para trasladar las cuentas de los clientes a otras entidades financieras y recuperar los recursos disponibles. Entretanto, ocho altos ejecutivos de Ueno fueron detenidos y otros 27 funcionarios y asociados fueron imputados por la Fiscalía, según reportó Associated Press.
La renuncia de Santiago Peña abre ahora otro capítulo de la crisis. El Congreso deberá pronunciarse sobre su dimisión y determinar el camino institucional para la sucesión presidencial, mientras el país enfrenta las consecuencias de una crisis bancaria que terminó convirtiéndose en una ruptura política dentro del propio oficialismo.
