El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha exportado su controvertido modelo de mano dura contra el crimen organizado a Centroamérica, inspirando la construcción de una megacárcel en Costa Rica. El nuevo Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), ubicado en Alajuela, está diseñado para albergar a 5.100 reos de alta peligrosidad y líderes criminales, siguiendo el modelo del cuestionado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) salvadoreño. Esta iniciativa ha generado tensión en Costa Rica debido a la cercanía de las elecciones generales y ha levantado críticas por presuntas violaciones a los derechos humanos.
El CACCO, cuya construcción costará cerca de 21.000 millones de colones, está inspirado en el CECOT, una cárcel con capacidad para 40.000 presos que ha sido señalada por organizaciones internacionales por supuestos abusos, torturas y condiciones inhumanas. Bukele y el presidente costarricense, Rodrigo Chaves, colocaron simbólicamente la primera piedra del proyecto, lo que ha sido visto por algunos sectores como un intento de influir en la campaña electoral local.
El modelo de Bukele, caracterizado por un estado de excepción y la detención masiva de pandilleros, ha sido adoptado por otros países de la región. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa trasladó a cientos de reos peligrosos a una cárcel de máxima seguridad en noviembre de 2025. Honduras también anunció la construcción de una megacárcel para 20.000 presos, mientras que Perú habilitó un pabellón de alta seguridad en Lima. Estos esfuerzos reflejan una tendencia regional hacia políticas de mano dura, impulsadas en parte por el giro en la política migratoria de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.
En Costa Rica, la oposición ha criticado duramente el proyecto del CACCO, argumentando que se trata de un "show electoral" para beneficiar a la candidata oficialista, Laura Fernández. Algunos líderes políticos, como el candidato presidencial Álvaro Ramos, han expresado su apoyo a la construcción de más cárceles debido al hacinamiento, pero cuestionan la narrativa de una megacárcel. Otros, como el subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, han subrayado la importancia de invertir en educación y prevención para abordar las raíces de la criminalidad.
El sistema carcelario costarricense enfrenta una grave sobrepoblación, con 17.692 reclusos en instalaciones diseñadas para 13.666. Además, más del 50% del presupuesto para el CACCO proviene de recortes en programas sociales, lo que ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos. Pese a las críticas, Chaves ha defendido el proyecto, destacando que los planos donados por El Salvador ahorraron al Estado costarricense entre 1.800 y 2.000 millones de colones en el diseño.
La expansión del modelo salvadoreño en Centroamérica refleja una respuesta regional a la creciente inseguridad, pero también plantea serias dudas sobre su impacto en los derechos humanos y el desarrollo social.
