El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y la empresa Panama Ports Company (PPC), filial del consorcio hongkonés CK Hutchison. La decisión, unánime y anunciada la noche del jueves 29 de enero de 2026, responde a una demanda presentada por el contralor general de la República, Anel Flores, quien solicitó la nulidad del acuerdo de concesión suscrito en 1997 para administrar los puertos de Balboa y Cristóbal.
El contrato había sido cuestionado por permitir a PPC explotar estructuras no concesionadas, lo que, según el procurador general Luis Carlos Gómez, viola varios artículos de la Constitución panameña. Además, una auditoría reveló prácticas lesivas para los intereses nacionales, lo que motivó las acciones legales. Previamente, en febrero de 2025, dos abogados también habían presentado una demanda de inconstitucionalidad, que fue acumulada a la de Flores.
La resolución de la Corte Suprema llega en un momento crítico para PPC, mientras su matriz, CK Hutchison, negocia la venta de sus activos portuarios, incluidos Balboa y Cristóbal, a la firma estadounidense BlackRock. El acuerdo, valorado en unos 23 mil millones de dólares, enfrenta retrasos debido a la incertidumbre geopolítica y a las presiones del gobierno chino para incluir a Cosco Shipping como socio. La naviera francesa CMA CGM también ha mostrado interés en las concesiones panameñas.
Estas negociaciones se desarrollan en medio de tensiones internacionales relacionadas con la influencia china en el Canal de Panamá, un tema que ha sido reiteradamente negado por el gobierno panameño. El expresidente estadounidense Donald Trump ha cuestionado la presencia del consorcio hongkonés en los puertos panameños, acusando a China de intromisión en la ruta estratégica.
La decisión judicial marca un punto de inflexión en la gestión de los puertos más importantes de Panamá, con posibles repercusiones en la economía nacional y en las relaciones comerciales internacionales. La Corte Suprema ha dejado claro que los intereses del país deben prevalecer sobre cualquier acuerdo que comprometa su soberanía y desarrollo. Este fallo podría redefinir el futuro de la infraestructura portuaria panameña y su papel en el comercio global.
