El Congreso de Argentina aprobó una controvertida reforma laboral impulsada por el ultraderechista Javier Milei, marcando una victoria política significativa para el gobierno que busca reactivar el empleo formal. Sin embargo, la medida ha generado fuertes críticas de la oposición y los sindicatos, que aseguran que elimina conquistas sociales históricas y allana el camino para una sociedad más desigual.
La normativa, que había sido avalada previamente por el Senado, incluye más de 200 artículos que modifican radicalmente la legislación laboral vigente. Entre los cambios, se reducen las indemnizaciones por despido, se permite a las empresas pagar en cuotas los litigios perdidos y se flexibilizan los horarios de trabajo, permitiendo turnos de hasta 12 horas. Además, se amplía el período de prueba laboral hasta ocho meses, durante los cuales los empleados pueden ser despedidos sin compensación.
La Confederación General del Trabajo (CGT), principal sindicato de Argentina, denunció que la ley socava derechos fundamentales y anunció una huelga general en protesta. A pesar de la presión sindical, el gobierno logró imponer su agenda, lo que algunos analistas interpretan como una pérdida de influencia de los sindicatos en el escenario político actual.
El senador oficialista Juan Cruz Godoy defendió la reforma, argumentando que pondrá fin a la "industria del juicio" que, según él, ha crecido un 135% desde 2010. También destacó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), mediante el cual las empresas contribuirán mensualmente para financiar despidos.
La oposición peronista fue categórica en su rechazo, afirmando que la ley viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a huelga. "El Estado no tiene permitido retroceder en derechos laborales", declaró el senador Daniel Bensusán.
Este triunfo legislativo consolida el dominio de Milei en el Congreso, quien ya había sorprendido semanas atrás al reducir la edad de imputabilidad penal a 14 años. Los sindicatos planean impugnar la ley ante los tribunales, pero por ahora, el gobierno ha logrado imponer su visión de una nueva relación entre el capital y el trabajo, prometiendo un futuro más promisorio para la economía argentina.
