Perú enfrenta una crisis política creciente tras las elecciones presidenciales del segundo turno, celebradas el 7 de junio, donde la candidata de derecha Keiko Fujimori superó por apenas 41,000 votos al candidato de centroizquierda Roberto Sánchez, según el recuento oficial. Sánchez ha denunciado irregularidades graves en la votación de los peruanos en el extranjero, afirmando que hubo "una grave afectación del proceso electoral" y convocando una manifestación en Lima para rechazar una posible proclamación de Fujimori como presidenta.
El candidato de Juntos por el Perú (JPP) acusa a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de reducir la seguridad jurídica del sistema de votación al eliminar la obligatoriedad de digitalizar y escanear las actas electorales después de la votación, un protocolo que sí se aplicó en la primera vuelta. Sánchez sostiene que este cambio ha comprometido la transparencia del proceso, calificándolo como "un fraude en desarrollo". Además, ha presentado una solicitud para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declare la nulidad de los votos emitidos en las 119 oficinas consulares peruanas en el extranjero.
La tensión política se ha intensificado en las últimas semanas, con Sánchez afirmando que tiene "el derecho legítimo a dudar" de los resultados y sugiriendo que hubo una manipulación en favor de Fujimori. Criticó también a la Cancillería por avalar los cambios en el protocolo electoral y advirtió que si el JNE no actúa conforme a la ley, "el fraude se habrá consumado". El candidato ha llamado a sus seguidores a movilizarse pacíficamente en Lima y otras regiones del país para evitar "cinco años más de captura de la democracia".
Por su parte, el fujimorismo ha rechazado las acusaciones, tachando la actitud de Sánchez como "antidemocrática". Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, pidió calma a la población y recordó que los resultados deben ser reconocidos por los organismos electorales, no por los candidatos. Además, medios locales y organizaciones civiles, como Transparencia, han cuestionado las denuncias de fraude al no encontrar evidencias que comprometan la integridad del proceso electoral en ciudades clave como Buenos Aires, Santiago, Madrid y Nueva York.
Esta disputa electoral ocurre en un contexto donde Perú ya enfrentaba una profunda polarización política, con Fujimori heredando el legado de su padre, Alberto Fujimori, quien gobernó en los años 90 y fue condenado por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Sánchez representa una alternativa de centroizquierda en un país históricamente dividido entre fuerzas conservadoras y progresistas.
El conflicto actual amenaza con prolongar la inestabilidad política en Perú, un país que ha visto múltiples cambios de gobierno en los últimos años. La movilización social y las tensiones entre los bandos podrían llevar a un escenario de confrontación prolongada, poniendo a prueba la fortaleza de las instituciones democráticas peruanas en un momento crítico para la región latinoamericana.
