Bolivia se encuentra sumida en una profunda crisis política y social tras más de 50 días de protestas y bloqueos de carreteras. El presidente Rodrigo Paz declaró un estado de excepción en todo el país para restablecer el libre tránsito y garantizar el suministro de combustible, gravemente afectado por las movilizaciones.
En un mensaje a la nación, Paz afirmó que esta medida no busca restringir la libertad de los ciudadanos, sino "devolvérsela". Sin embargo, la decisión ha intensificado las tensiones, ya que las protestas continúan en varias regiones, especialmente en La Paz y El Alto, donde los bloqueos han paralizado la economía y dificultado el acceso a servicios básicos.
Según la Administradora Boliviana de Carreteras, hay más de 40 puntos de bloqueo en todo el país. La situación se ha vuelto crítica, con al menos 14 personas fallecidas desde el inicio de las protestas, principalmente debido a la imposibilidad de acceder a atención médica. Además, se investiga la muerte de un manifestante durante un intento de abrir un paso humanitario.
Los campesinos del altiplano y simpatizantes del ex presidente Evo Morales, quien lideró Bolivia durante más de una década, rechazan dialogar con el gobierno y exigen la renuncia inmediata de Paz. Las protestas, que comenzaron como demandas sectoriales, se han radicalizado tras la percepción de que sus reclamos no están siendo atendidos.
Paz, mientras tanto, acusa a Morales de incitar las movilizaciones desde su refugio en el Chapare, una región donde el exmandatario ha evitado enfrentar acusaciones judiciales por abuso de una menor. La situación se complica aún más tras un acuerdo firmado por Paz con uno de los sindicatos obreros, el cual no ha logrado calmar las protestas.
Analistas advierten que el estado de excepción podría aumentar la violencia en un país ya fracturado políticamente. Bolivia, un estado clave en América del Sur, enfrenta ahora uno de sus mayores desafíos desde la salida de Morales en 2019, con implicaciones que podrían extenderse más allá de sus fronteras.
