Grecia ha comenzado este jueves el polémico juicio contra 24 activistas, entre ellos la nadadora siria Sarah Mardini, cuya historia inspiró la película Las Nadadoras de Netflix. Los acusados, detenidos en 2018 y mantenidos en prisión preventiva durante tres meses, enfrentan cargos por facilitar la entrada de inmigrantes ilegales, espionaje y lavado de dinero. Las organizaciones internacionales han calificado el proceso como una "farsa".
El caso ha generado indignación entre los defensores de los derechos humanos, quienes aseguran que los activistas solo estaban ayudando a personas en situaciones de emergencia. "Este juicio ha creado un clima de hostilidad contra las organizaciones de la sociedad civil que buscan ayudar a quienes huyen de guerras y conflictos", declaró Laith Abu Zeyad, de Amnistía Internacional.
La fiscalía alega que los acusados espiaron los canales de radio de la Guardia Costera griega, interceptaron lanchas de refugiados y usaron aplicaciones de mensajería encriptada para rastrear barcos con migrantes. Sin embargo, los activistas niegan los cargos y esperan ser absueltos. De ser declarados culpables, podrían enfrentar más de 20 años de cárcel.
"Estamos seguros de que realizar operaciones de búsqueda y rescate no es un delito", afirmó Sean Binder, rescatista irlandés y uno de los acusados. "Este juicio no solo nos afecta a nosotros, sino que pone en duda todo acto de solidaridad y humanitarismo", agregó.
En los últimos años, Grecia ha intensificado su campaña contra las organizaciones de rescate en el mar Egeo. Según investigaciones internacionales, la Guardia Costera griega ha amedrentado y deportado ilegalmente a refugiados que intentaban llegar desde Turquía. En 2025, unas 40.000 personas han llegado a Grecia, una cifra muy inferior al millón que arribó en 2015 y 2016.
En 2023, los activistas ya fueron declarados "no culpables" por cargos menores de espionaje. Las ONG insisten en que este juicio es un ataque a la solidaridad y a la compasión hacia quienes huyen de la guerra y la violencia.
El caso sigue en desarrollo, mientras la atención internacional se centra en un proceso que podría sentar un precedente preocupante para los defensores de los derechos humanos en Europa.
