Más de 500,000 vehículos en riesgo de multas por impuestos pendientes en República Dominicana
Santo Domingo.— Un total de 533,935 propietarios de vehículos en República Dominicana no habían pagado el impuesto de circulación (marbete) al cierre del plazo inicial, según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). La cifra representa cerca del 25% de los 2.1 millones de vehículos obligados a renovar el tributo, dejando al Estado con un potencial déficit de recaudación de aproximadamente RD$3,400 millones.
Recaudación y métodos de pago
Hasta la fecha, la DGII ha recaudado RD$2,610 millones por concepto de 1.55 millones de marbetes renovados. La mayoría (86.6%) se pagaron a través de bancos, mientras que el 10.8% se procesó en plataformas digitales y el 2.6% restante en oficinas físicas.
Plazos y sanciones
El período de pago sin recargo culmina el 31 de enero de 2026, tras lo cual se aplicarán multas escalonadas:
- RD$2,000 para deudores del ciclo 2024-2025.
- RD$2,100 para quienes no pagaron en 2023-2024 (incluye RD$100 por "cesación administrativa").
- RD$3,100 para morosos de 2022-2023 o anteriores.
La DGII enfatizó que no habrá prórrogas, una medida alineada con su estrategia para reducir la evasión fiscal, que ronda el 30% en impuestos vehiculares según estimaciones independientes.
Contexto económico
El marbete es un impuesto anual que grava la propiedad de vehículos, con tarifas variables según el tipo y antigüedad del automotor. Su recaudación financia parte del presupuesto nacional, incluido el mantenimiento vial. Expertos atribuyen el incumplimiento a factores como la informalidad laboral (42% de la economía dominicana) y la falta de educación tributaria.
Con una flota vehicular que crece un 6% anual —superando la capacidad de las infraestructuras—, las autoridades buscan optimizar la cobranza. Sin embargo, críticos señalan que el sistema penaliza a hogares de bajos ingresos, donde un vehículo suele ser herramienta de trabajo.
Impacto y proyecciones
Si los 533,935 deudores restantes regularizan su situación antes del plazo, la DGII alcanzaría su meta de RD$3,433 millones. De lo contrario, el Estado podría recurrir a embargos o restricciones de circulación, medidas polémicas implementadas en años anteriores. Mientras, pequeñas empresas de transporte y particulares enfrentan el dilema de asumir costos adicionales o arriesgarse a sanciones más severas.
La situación refleja un desafío recurrente en economías en desarrollo: equilibrar la presión fiscal con la capacidad de pago de la población. Para 2026, el gobierno promete modernizar el sistema con un registro digital unificado, aunque analistas advierten que sin incentivos claros, la morosidad podría persistir.
