EE.UU. gastó $40 millones en deportar a 300 migrantes a terceros países, revela informe del Senado
El gobierno de Donald Trump destinó $40 millones de fondos públicos en el último año para deportar a 300 migrantes a países que no son su lugar de origen, según un informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado liderado por demócratas. La estrategia, calificada como "ineficiente y costosa", incluyó pagos directos a cinco naciones y ha sido criticada por su falta de transparencia y posibles repercusiones diplomáticas.
Un gasto cuestionable con resultados limitados
El documento, resultado de una investigación de 10 meses, detalla que más del 80% de los deportados a terceros países —principalmente venezolanos enviados a El Salvador— terminaron regresando a sus naciones de origen. En algunos casos, EE.UU. pagó dos veces: primero para trasladarlos a un país intermediario y luego para repatriarlos.
Los $40 millones se distribuyeron principalmente entre Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Eswatini y Palau, aunque el costo total hasta 2026 podría ser mayor debido a acuerdos no divulgados. "Es un despilfarro de recursos públicos que beneficia a gobiernos extranjeros sin supervisión", señaló la senadora Jeanne Shaheen, autora del informe.
Riesgos legales y humanitarios
El informe advierte que la administración Trump busca revocar protecciones migratorias como el Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que aumentaría las deportaciones a terceros países. Además, critica que estos acuerdos evaden las normas migratorias estadounidenses y carecen de mecanismos para garantizar el trato digno de los deportados.
Contexto económico y político
La práctica de deportar migrantes a países que no son los suyos era antes excepcional, pero se ha sistematizado bajo el gobierno actual. Los demócratas argumentan que, además de ser financieramente insostenible, esta política daña la imagen de EE.UU. y sus relaciones internacionales.
El informe subraya que los fondos podrían haberse usado en programas de asilo o repatriación directa, más eficientes y humanos. Mientras, el gobierno no ha explicado por qué optó por una estrategia tan costosa y de dudoso impacto.
Un precedente preocupante
El documento concluye que estos acuerdos establecen un peligroso precedente: gastar millones en operaciones opacas, sin garantías de cumplimiento por parte de los países receptores. Para los contribuyentes, significa un uso cuestionable de sus impuestos; para los migrantes, un ciclo de incertidumbre y vulnerabilidad.
