Hace un mes, el colapso del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana, dejó un saldo de 233 fallecidos y cerca de 200 heridos, convirtiéndose en la mayor catástrofe civil del siglo XXI en el país. El incidente ocurrió durante una presentación del famoso merenguero Rubby Pérez, quien también perdió la vida junto a otras figuras destacadas como el exbeisbolista Octavio Dotel y la gobernadora de Montecristi, Nelsy Cruz. La tragedia ha sumido a comunidades enteras, como Haina, en un profundo luto.
El Ministerio Público mantiene abierta una investigación penal para determinar las causas del colapso. Las autoridades apuntan a una posible responsabilidad compartida entre el propietario del local, Antonio Espaillat, y el Estado dominicano. Se ha revelado que, en tres décadas de operación, nunca se realizó una inspección técnica al inmueble. Como medida cautelar, la Procuraduría General incautó el local el pasado 7 de mayo, y más de 15 demandas civiles han sido presentadas por familiares de las víctimas en busca de justicia e indemnizaciones.
El impacto psicológico de la tragedia ha sido devastador. Expertos en salud mental alertan sobre un aumento de casos de trastorno de estrés postraumático, ansiedad y depresión entre sobrevivientes, familiares y personal de emergencia. La falta de apoyo gubernamental en esta materia ha generado fuertes críticas y ha alimentado el descontento social.
Las ruinas de Jet Set se han convertido en un memorial espontáneo, donde diariamente se dejan flores, velas y mensajes de justicia. Además, han surgido proyectos legislativos para reforzar los controles estructurales de locales públicos y evitar futuras catástrofes.
A un mes del desastre, la sociedad dominicana sigue procesando el dolor y exige responsabilidades claras. La tragedia del Jet Set no solo dejó muertes y escombros, sino una profunda herida nacional que reclama memoria, verdad y acción para evitar que algo similar vuelva a ocurrir.
