SANTO DOMINGO: El Ministerio de Salud Pública ha otorgado un plazo de 48 horas a Elizabeth Silverio Sillien, directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, para que presente los títulos que respalden su carrera profesional. En caso de no cumplir con esta exigencia, Silverio Sillien enfrentará acciones legales, según informó Carlos Suero, vocero de la institución sanitaria.
Suero confirmó que el centro Kogland, propiedad de Silverio Sillien, fue cerrado el pasado 17 de este mes, y en la entrada del establecimiento se colocaron dos letreros que indican la violación de la Ley de Salud 42-01. Durante el día de hoy, ningún personal del centro de terapia infantil se presentó a trabajar, según pudo constatar este medio de prensa.
El establecimiento exhibe una variedad de servicios, entre los que se incluyen sala de tareas y terapia ocupacional, entre otros. Las alarmas en el Ministerio de Salud Pública se activaron después de que un programa de investigación periodística revelara que la supuesta doctora ejercía su profesión con títulos presuntamente falsos.
Ante esta situación, las autoridades sanitarias han tomado medidas contundentes para salvaguardar la integridad de los pacientes y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales. La exigencia de presentar los títulos académicos es un paso importante para verificar la idoneidad de la directora y la calidad de los servicios ofrecidos en el centro.
El Ministerio de Salud Pública continúa trabajando en la protección de la salud y el bienestar de la población, velando por la transparencia y la legalidad en los servicios de salud en el país. Es fundamental asegurar que los profesionales del sector cuenten con los debidos avalares y cumplan con los estándares requeridos para garantizar la calidad y seguridad de la atención médica y terapéutica.
Se espera que Elizabeth Silverio Sillien cumpla con la solicitud de presentar los títulos que respalden su carrera en el plazo establecido. En caso de no hacerlo, las autoridades competentes tomarán las acciones legales correspondientes, asegurando que se haga justicia y se proteja la confianza de la ciudadanía en el sistema de salud del país.
