Los robos de motocicletas, celulares y medidores eléctricos lideran la lista de delitos más frecuentes en República Dominicana, según reveló el procurador fiscal de Santo Domingo Oeste, Edward López Ulloa. El magistrado destacó que estos hechos, sumados a la violencia social, continúan afectando la percepción de seguridad ciudadana, pese a los avances en la reducción de homicidios y otros crímenes.
López Ulloa explicó que el descuido de los propietarios de motocicletas y la participación de menores de edad son factores clave en el aumento de estos robos. Además, señaló que el hurto de metales, especialmente medidores eléctricos, ha llevado a las autoridades a realizar allanamientos en negocios de compraventa de metales y a reforzar la vigilancia sobre estos establecimientos. "Los propietarios deben ser conscientes de que estos materiales son robados, ya que las empresas distribuidoras de electricidad no los venden", afirmó.
El fiscal también mencionó que el país cerró 2025 con una tasa de homicidios de 7.26 en su jurisdicción, la más baja desde su creación. Este logro se atribuye a la operatividad de la Fuerza de Tarea, un equipo interinstitucional liderado por el presidente Luis Abinader que se reúne semanalmente para analizar y prevenir delitos. "En 2025 recibíamos entre 300 y 350 denuncias de robos por semana; ahora esa cifra se redujo a 50 o 60″, destacó.
Sin embargo, la violencia social sigue siendo un desafío. López Ulloa lamentó que conflictos triviales, como roces de vehículos o discusiones en filas, terminen en homicidios. "El 49.2 % de los 1,296 homicidios registrados el año pasado fueron producto de conflictos sociales", precisó. El magistrado llamó a la población a integrarse en la prevención de estos hechos, señalando que la pandemia dejó un "chip de violencia" que aún no se ha superado.
Otro punto de preocupación para el fiscal es el traslado de la Tercera Sala de la Corte de Apelación a Santo Domingo Este. López Ulloa consideró que esta medida afectará el acceso a la justicia en su jurisdicción, ya que obligará a ciudadanos y abogados a realizar largos desplazamientos. "Esto representa un retroceso y dificulta la agilidad en los procesos judiciales", concluyó.
Pese a estos desafíos, las autoridades mantienen su compromiso con la seguridad ciudadana, aunque reconocen que la colaboración de la población es clave para lograr avances significativos.
