El Ministerio Público ha denunciado que la renuncia colectiva de los abogados defensores de Emmanuel Rivera Ledesma, acusado en el caso Nido, es una "desconsideración" hacia las víctimas y una "burla" al proceso judicial. Rivera, líder de una red que estafó a cientos de personas con falsos proyectos inmobiliarios, enfrenta cargos por estafa, falsificación de documentos y lavado de activos.
La procuradora Magalys Sánchez y la fiscal Laura Vargas Toledo expresaron su indignación por la decisión de los abogados de abandonar el caso cuando el proceso se encontraba en su fase final. Una de las defensoras alegó motivos personales, mientras que el bufete Fortiori Consultores Legales renunció sin justificación alguna. Esta acción ha obligado a posponer la audiencia hasta el 9 de diciembre, fecha en la que Rivera deberá contar con un nuevo abogado o será representado por la Defensoría Pública.
El caso Nido involucra a Rivera y otros acusados, quienes supuestamente estafaron a más de 200 personas, tanto en República Dominicana como en el extranjero, prometiendo apartamentos y locales comerciales que nunca se construyeron. Las víctimas perdieron millones de pesos y dólares, dinero que fue depositado en cuentas vinculadas a empresas como Indisarq SRL y CRD Equipos Pesados SRL.
El Ministerio Público sostiene que las acciones de los acusados causaron graves daños económicos y emocionales a las víctimas, y que el monto total de la estafa supera los RD$235 millones y US$10 millones. Además, se incautaron múltiples propiedades y bienes de los acusados, quienes llevaban un estilo de vida lujoso financiado con el dinero robado.
El proceso judicial ha sido largo y complejo, con más de dos meses dedicados a la presentación de pruebas. Las víctimas han tenido que incurrir en gastos adicionales, como vuelos y honorarios de abogados, para estar presentes durante las audiencias. La renuncia de los defensores ha sido vista como un nuevo golpe para ellas, revictimizándolas aún más.
El caso sigue en curso, y se espera que los jueces emitan un veredicto en las próximas semanas. Mientras tanto, las víctimas esperan justicia y la recuperación de al menos parte de los fondos perdidos.
