El Concejo de Regidores de Santo Domingo Oeste rechazó una propuesta del alcalde Francisco Peña para transferir 10 millones de pesos de la cuenta de inversión a la nómina salarial, en un movimiento que podría violar la Ley 176-07 de los Ayuntamientos y el Distrito Nacional. Este hecho ha generado tensiones en la administración municipal y ha puesto en duda la gestión financiera del gobierno local.
El presupuesto municipal para 2026, aprobado el pasado 31 de diciembre, asigna el 30 % de sus 1,549 millones de pesos al pago de salarios. Sin embargo, el alcalde Peña solicitó una modificación para cubrir déficits en la nómina, lo que fue denegado por el Concejo. Los regidores argumentaron que esta acción contraviene el artículo 22 de la mencionada ley, el cual prohíbe reducir fondos destinados a inversiones.
En una rueda de prensa, los 15 regidores, representantes de los principales partidos políticos, negaron estar obstaculizando los servicios municipales, como ha sido sugerido por algunos miembros de la administración. Joan Manuel Herrera Martínez, presidente del Concejo, aseguró que su posición busca garantizar la legalidad, transparencia y correcto uso de los recursos públicos. Además, solicitaron a la Contraloría General de la República que emita recomendaciones sobre el caso.
La Alcaldía de Santo Domingo Oeste no ha emitido una respuesta oficial al respecto, lo que ha dejado en suspenso el desarrollo de este conflicto institucional. Este enfrentamiento podría tener implicaciones significativas en la gestión financiera del municipio y en la confianza de los ciudadanos en sus autoridades locales.
El caso pone en evidencia las tensiones entre las diferentes instancias de gobierno municipal y subraya la importancia de la fiscalización en el manejo de los fondos públicos. La resolución de este conflicto podría sentar un precedente para futuras decisiones presupuestarias en Santo Domingo Oeste y otros municipios del país.
