La República Dominicana anunció este martes un nuevo acuerdo con Estados Unidos que permitirá el ingreso temporal de un número limitado de deportados provenientes de terceros países, en una medida que ya comienza a generar debate tanto dentro como fuera del país.
El acuerdo, formalizado mediante un memorando de entendimiento de carácter no vinculante, establece que territorio dominicano podrá recibir de manera “temporal y excepcional” a personas deportadas por Estados Unidos mientras se coordina su retorno hacia sus países de origen.
Pero el documento deja clara una condición clave: los ciudadanos haitianos quedan excluidos de este mecanismo.
Según informó la Cancillería de República Dominicana, solo podrán ser admitidos extranjeros sin antecedentes penales, en condición de tránsito, y que no sean menores de edad no acompañados.
Las autoridades dominicanas aseguraron que cada caso será evaluado individualmente y que el Gobierno estadounidense asumirá respaldo financiero y operativo durante la permanencia temporal de los deportados en suelo dominicano.
El objetivo oficial, según el comunicado, es facilitar un retorno “ordenado y humano” hacia las naciones de origen de estas personas.
La medida llega en un momento especialmente delicado para la política migratoria dominicana, marcada por fuertes operativos de deportación y controles fronterizos, principalmente relacionados con la crisis en Haití.
Desde octubre de 2024, miles de haitianos han sido deportados semanalmente desde República Dominicana, mientras organismos internacionales continúan alertando sobre el deterioro extremo de la seguridad en el vecino país.
De acuerdo con reportes internacionales, más de 4,000 personas habrían muerto en Haití durante el primer semestre de 2025 a causa de la violencia de bandas armadas, secuestros y enfrentamientos que mantienen al país sumido en una profunda crisis humanitaria.
Pese a ello, el Gobierno dominicano insiste en que este nuevo acuerdo con Washington no modifica su política migratoria actual ni altera los controles fronterizos vigentes.
Pero el pacto no se limita únicamente al tema migratorio.
Ambos países también acordaron extender temporalmente la presencia operativa estadounidense en instalaciones dominicanas utilizadas previamente para operaciones vinculadas al combate del narcotráfico, el crimen organizado transnacional y amenazas relacionadas con terrorismo.
Esto incluye acceso, estacionamiento y sobrevuelo de aeronaves y personal estadounidense bajo coordinación de autoridades dominicanas.
La Cancillería de República Dominicana defendió el acuerdo afirmando que busca fortalecer la seguridad regional y enfrentar amenazas comunes en el Caribe.
Sin embargo, sectores críticos ya comienzan a cuestionar el alcance real del pacto y el impacto que podría tener sobre la soberanía migratoria dominicana y la capacidad del país para manejar flujos migratorios complejos en medio de una región cada vez más inestable.
