La propuesta de incluir un 10% de propina obligatoria en los servicios de delivery, dentro de la reforma al Código Laboral que discuten los senadores, ha levantado ampollas entre los legisladores. Muchos consideran que esta medida afectará directamente a la clase media y exigen una revisión urgente.
Gustavo Sánchez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no ha dudado en criticar la iniciativa. Según él, esta disposición beneficia injustamente a los dueños de restaurantes y perjudica a los consumidores. "Parece que no encuentran otra manera de exprimir a la clase media. La propina debe ser opcional, no un impuesto más", declaró Sánchez.
La senadora Lía Díaz también ha expresado su preocupación. Para ella, es fundamental analizar el impacto que tendría esta medida en los sectores más vulnerables, que son quienes más utilizan los servicios de entrega a domicilio. "Hay que buscar un equilibrio. No podemos seguir cargando más impuestos a la clase media", afirmó Díaz.
Otro punto de debate es si el 10% de propina llegaría realmente a los repartidores. Gustavo Lara, otro senador, ha señalado que muchos consumidores se quejan de que este dinero no llega a manos de quienes brindan el servicio. "Es un tema de transparencia. Muchas veces pagamos la propina, pero los trabajadores no la reciben", explicó Lara.
Cabe recordar que la propina legal se estableció en el Código de Trabajo en 1992 para garantizar un ingreso adicional a los empleados del sector gastronómico. Sin embargo, esta normativa nunca incluyó el cobro de propina para servicios de entrega a domicilio.
En conclusión, la propuesta de imponer un 10% de propina obligatoria en los servicios de delivery ha generado un intenso debate entre los legisladores. Mientras algunos insisten en la necesidad de proteger a la clase media, otros exigen garantías de que este dinero llegue efectivamente a los trabajadores. El tema sigue en discusión y podría sufrir cambios antes de su aprobación final.
