El Ministerio Público ha anunciado que pronto pondrá en marcha la segunda fase de la Operación Cobra, una investigación que busca llevar a la justicia a más personas implicadas en un desfalco de más de 15 mil millones de pesos en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). Esta nueva etapa, denominada 2.0, tiene como objetivo ampliar las pesquisas y asegurar que todos los responsables enfrenten las consecuencias legales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, al frente de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, aseguró que no descansarán hasta que todos los implicados respondan ante los tribunales. Su declaración llega después de que un juez impusiera 18 meses de prisión preventiva a siete de los acusados, entre ellos Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Senasa y considerado el cabecilla de la red de corrupción. Otros tres implicados recibieron arresto domiciliario, garantías económicas y prohibición de salir del país.
Camacho destacó que la decisión judicial se basó en tres elementos clave: la gravedad de los hechos, la contundencia de la investigación del Ministerio Público y la colaboración recibida durante el proceso. El juez calificó los actos como “crueles”, “una traición” e incluso los comparó con un “holocausto”, subrayando la magnitud del fraude.
En la audiencia, Camacho estuvo acompañado por otros fiscales y representantes del Ministerio Público, quienes respaldaron la investigación. “Es una decisión histórica que ha basado su veredicto en pruebas sólidas y testimonios presentados por nuestro equipo”, afirmó el procurador.
El Ministerio Público aseguró que continuará trabajando sin descanso para garantizar que todos los implicados sean llevados ante la justicia. “Haremos todo lo posible para que estas personas respondan por los hechos atroces que han cometido”, concluyó Camacho.
Con esta nueva fase de la Operación Cobra, las autoridades buscan no solo castigar a los responsables, sino también enviar un mensaje claro contra la corrupción en el sistema de salud.
