El Ministerio Público reforzó ayer su caso contra el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre y otros oficiales militares y policiales, presentando más de 300 pruebas documentales y periciales en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Estas evidencias respaldan un informe financiero que revela un aumento patrimonial injustificado de los acusados, presuntamente vinculado a actos de corrupción durante su tiempo en cargos públicos.
El informe, elaborado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), fue admitido por el tribunal y detalla cómo los imputados acumularon bienes que no pueden justificar con sus ingresos legales. Entre las pruebas presentadas se incluyen documentos de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), la Superintendencia de Bancos y otras entidades financieras.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó como testigo a la exencargada del Departamento de Auditoría del Inacif, quien explicó que las pruebas fueron la base técnica para el informe pericial, validando su contenido. El fiscal Jonathan Pérez, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), destacó que las evidencias demuestran un incremento patrimonial desproporcionado en los acusados. “Cada prueba evidencia cómo los procesados aumentaron su patrimonio sin respaldo en sus ingresos lícitos”, afirmó.
El juicio, relacionado con las operaciones Coral y Coral 5G, fue aplazado hasta el próximo jueves 5 de junio, cuando continuará la presentación de pruebas ante las juezas Gisselle Méndez, Jissel Naranjo y Tania Yunes. Estas operaciones desmantelaron una red de corrupción administrativa que, según el Ministerio Público, desvió más de 4,500 millones de pesos del erario público entre 2012 y 2020.
La red estaba presuntamente liderada por el mayor general Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), e involucraba a 30 personas físicas y 18 entidades jurídicas. La investigación también reveló el desvío de fondos de inteligencia asignados al CUSEP y al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR).
Entre los acusados figuran altos mandos militares y policiales, así como civiles vinculados a la red corrupta. El proceso judicial continúa con la expectativa de que el Ministerio Público presente más pruebas y testimonios para sustentar su acusación en uno de los casos más emblemáticos de corrupción en la administración pública dominicana.
