Debate sobre el voto militar y policial divide a políticos y expertos en República Dominicana
La posibilidad de que militares y policías dominicanos puedan ejercer su derecho al voto ha generado un intenso debate en el país. La jueza del Tribunal Constitucional, Sonia Díaz, propuso discutir el tema, lo que ha llevado a figuras políticas y jurídicas a expresar sus opiniones encontradas. Mientras algunos apoyan la idea como un avance democrático, otros advierten sobre los riesgos de politización y la necesidad de una reforma constitucional.
El diputado Amado Díaz respaldó la iniciativa, argumentando que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son ciudadanos como cualquier otro. “Ellos hacen las mismas actividades que los demás dominicanos que tienen derecho al voto”, afirmó. Díaz sugirió realizar un ejercicio piloto para evaluar la propuesta y destacó que en muchas sociedades desarrolladas los militares ya ejercen este derecho. Sin embargo, reconoció que el cambio implicaría un desafío cultural.
Por otro lado, el exprocurador Francisco Domínguez Brito se mostró en desacuerdo, señalando que la República Dominicana no tiene la madurez institucional necesaria para implementar esta medida. “Sería bastante dañino para la democracia”, advirtió, al considerar que podría aumentar la politización de las fuerzas de seguridad. Domínguez Brito también cuestionó la fortaleza de las instituciones dominicanas, incluido el propio Tribunal Constitucional.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, recordó que la Constitución dominicana prohíbe expresamente el voto a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Por lo tanto, cualquier cambio requeriría una reforma constitucional. Peralta destacó que este no es un tema menor, ya que implica un asunto institucional de gran relevancia.
El debate sigue abierto, con opiniones divididas sobre si el país está preparado para este paso o si podría generar más problemas que beneficios. Lo que está claro es que cualquier avance en esta dirección requerirá un amplio consenso político y social.
