La DIDA enfrenta resistencia de médicos y clínicas por cobros indebidos
La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) está luchando contra una fuerte oposición de médicos, clínicas privadas y prestadores de servicios que intentan evadir las normas y cobrar de manera ilegal a los pacientes. El director de la institución, Elías Báez, denunció este miércoles que estas prácticas están dificultando la defensa efectiva de los derechos de los afiliados al sistema de seguridad social.
Báez explicó que los médicos y clínicas se niegan a cooperar, incluso reteniendo pacientes o cadáveres cuando la DIDA interviene. “Los médicos dicen que estamos mintiendo y se niegan a entregar pacientes o cadáveres cuando los llamamos”, relató durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Medios Corripio. Además, destacó que la DIDA opera con un presupuesto mínimo, equivalente al 0.05% de los fondos del seguro de vejez, lo que limita su capacidad para cubrir todas las provincias del país.
Las denuncias más comunes recibidas por la DIDA provienen del sector salud, incluyendo cobros ilegales, materiales de baja calidad y negativas de cobertura por parte de las ARS. Zully Arias Marcallé, directora del Departamento de Orientación y Defensoría de la entidad, señaló que más de 8,000 de las 25,000 solicitudes recibidas están relacionadas con problemas de salud.
Báez también alertó sobre prácticas irregulares, como diagnósticos médicos falsos o exagerados para facturar más a las ARS, y la retención de documentos de pacientes o cadáveres por parte de clínicas privadas. “El paciente termina preguntándose si será verdad lo que le dice su médico”, dijo, instando a los pacientes a buscar siempre una segunda opinión.
En sus primeros seis meses de gestión, la DIDA ha implementado un servicio de defensoría 24/7 y ha atendido más de 25,000 casos, evitando cobros indebidos por más de 40 millones de pesos. “Hemos hecho un trabajo encomiable, la gente siente que la DIDA tiene razón de ser”, concluyó Báez.
La lucha contra estos abusos continúa, pero la falta de recursos y la resistencia de los prestadores de servicios siguen siendo un desafío importante para la institución.
