Un médico pediatra fue detenido de manera violenta por agentes policiales dentro del Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, en Santo Domingo, mientras atendía a sus pacientes. El hecho, calificado como un "abuso de poder" por el Colegio Médico Dominicano (CMD), ha generado una ola de indignación entre el personal sanitario y ha puesto en evidencia la falta de protocolos para proteger a los profesionales de la salud durante su labor.
El arresto del doctor Cristian Díaz ocurrió el pasado lunes 26 de enero, cuando agentes de la Policía Nacional ingresaron al hospital sin una orden judicial, lo esposaron y lo sacaron del centro médico. Según el CMD, el operativo se basó en una denuncia que el gremio considera "falsa y sin fundamento". La institución médica denunció que la actuación policial fue "arbitraria y desproporcionada", violando el debido proceso y la dignidad profesional del pediatra.
La Junta Directiva Nacional del CMD expresó su rechazo al incidente durante una protesta realizada frente al hospital. "No es aceptable que un médico sea tratado como un delincuente dentro de su área de trabajo", afirmaron los representantes del gremio, quienes destacaron la trayectoria del doctor Díaz como un profesional dedicado al servicio de la niñez dominicana.
El caso ha levantado alertas sobre la seguridad del personal sanitario en los hospitales públicos. El CMD exigió una investigación inmediata y sanciones contra los responsables del operativo. Además, demandó la creación de protocolos claros que protejan a los médicos y trabajadores de la salud frente a posibles actuaciones policiales arbitrarias.
El gremio advirtió que mantendrá una sesión permanente y no descarta nuevas acciones de protesta si las autoridades no ofrecen respuestas concretas. "Defenderemos la integridad, el respeto y la dignidad de cada médico del país", concluyó la institución.
El incidente ha generado un amplio debate sobre la relación entre las fuerzas del orden y el personal médico, especialmente en un contexto donde los hospitales públicos enfrentan múltiples desafíos. Las implicaciones de este caso podrían extenderse más allá del ámbito sanitario, afectando la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el bienestar de la población.
