Los profesores dominicanos han iniciado una movilización nacional para oponerse a la posible fusión entre el Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt). Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), advirtió que esta medida podría empeorar las condiciones del sistema educativo público y pidió acciones inmediatas para evitar lo que calificó como un retroceso histórico.
La protesta, anunciada durante una concentración masiva en el parque Independencia de Santo Domingo, busca presionar a las autoridades para que reconsideren la iniciativa. Hidalgo aseguró que los docentes están dispuestos a escalar sus acciones, incluyendo marchas hacia el Congreso Nacional, el Minerd e incluso el Palacio Nacional, si el gobierno insiste en avanzar con la fusión. “No permitiremos que se afecte el 4 % del PIB destinado a educación, un logro clave para el país”, afirmó el líder sindical.
El contexto de esta movilización se enmarca en un debate nacional sobre la eficiencia del sistema educativo dominicano. Según datos oficiales, el Minerd y el Mescyt manejan presupuestos y programas separados, pero algunos sectores gubernamentales argumentan que su unificación podría optimizar recursos y reducir costos. Sin embargo, los profesores temen que esta medida genere desorganización y afecte directamente la calidad de la enseñanza en las escuelas públicas.
Hidalgo también hizo un llamado a otros sectores de la sociedad para unir fuerzas y evitar lo que considera un intento del gobierno de debilitar el sistema educativo. “Es momento de buscar consensos y proteger los avances alcanzados”, señaló. Además, destacó que los docentes continuaron impartiendo clases durante las protestas, demostrando su compromiso con los estudiantes y la educación.
Las próximas semanas serán cruciales, ya que se espera que el gobierno oficialice su posición sobre la fusión. Mientras tanto, los profesores mantendrán su campaña de sensibilización y movilización, buscando garantizar que la educación pública no sufra nuevos retrocesos. El impacto de esta decisión podría marcar un punto de inflexión en la política educativa del país.
