El presidente Luis Abinader ha juramentado a 865 nuevos agentes migratorios en un esfuerzo por fortalecer el control y la vigilancia migratoria en todo el país. Este acto marca un paso importante en la ampliación de la capacidad operativa del Estado y refuerza la presencia institucional en puntos estratégicos.
De los nuevos agentes, 800 pertenecen a la Unidad de Agentes de Reacción Rápida (ARR) y 65 a la Unidad de Reacción Rápida (URR). Durante la ceremonia, celebrada en el Coliseo Teo Cruz, Abinader instó a los graduados a actuar con lealtad, integridad y obediencia, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes, especialmente la Ley General de Migración.
El director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, destacó que esta iniciativa forma parte de las medidas implementadas por el gobierno para reforzar el control migratorio en las 32 provincias del país. Además, señaló que el entrenamiento de los nuevos agentes está alineado con los estándares nacionales e internacionales, garantizando un enfoque respetuoso con los derechos humanos y el debido proceso.
El coordinador militar de la Dirección General de Migración, Franklin Antonio Garris Peralta, resaltó que esta promoción eleva a 1,030 el número de agentes especializados formados hasta la fecha. Esto asegura una presencia activa en todo el territorio nacional y fortalece la capacidad operativa de la institución. Los nuevos agentes, en su mayoría jóvenes entre 18 y 30 años, fueron seleccionados tras un riguroso proceso que incluyó evaluaciones psicológicas y físicas.
Durante la ceremonia, Daniela María Presinal Rossi, en representación de los graduandos, agradeció la formación recibida y reafirmó el compromiso de la promoción con el servicio al país. Además, se entregaron diplomas a representantes de cada grupo de graduados, y el director de Migración otorgó un reconocimiento al presidente Abinader por su liderazgo en la implementación de una política migratoria responsable.
Este esfuerzo refleja el compromiso del gobierno con la seguridad y la institucionalidad del país, consolidando un modelo de gestión migratoria más organizado y eficiente.
