El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) ha lanzado una dura advertencia: la justicia penal de República Dominicana podría quedar totalmente desmantelada si se permiten maniobras dilatorias para extinguir los casos de corrupción que están en los tribunales. Según la organización, esto sería un golpe mortal a la confianza ciudadana y a los avances logrados desde 2017.
PC denuncia que la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez está aprovechando la lentitud del sistema judicial para manipular la narrativa pública y forzar la extinción de la acción penal. La organización asegura que, solo en la fase preliminar del caso, se registraron 94 aplazamientos, según datos del Segundo Informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa.
El caso, que ya ha sido enviado a juicio por el juez Amauri Martínez, ha sufrido 12 aplazamientos en 17 meses. Muchos de estos retrasos se deben a recusaciones y recursos presentados ante la Suprema Corte de Justicia, la cual, según PC, también ha demorado sus decisiones.
La organización sostiene que existe una "connivencia y maniobras coordinadas" entre algunos imputados para retrasar el expediente y acercarlo al límite legal para la extinción penal. Aunque algunos acusados niegan provocar incidentes, PC afirma que promueven que otros lo hagan como parte de una estrategia común para frenar el avance del caso.
El expediente acusa a 40 personas y 22 sociedades comerciales por un fraude superior a 6 mil millones de pesos contra el Estado. La mitad de los imputados ya ha admitido su culpabilidad, señalando directamente a quienes aún no reconocen los hechos.
PC rechaza las recientes declaraciones del exprocurador, quien atribuye las dilaciones a supuestos errores del Ministerio Público y al tamaño del expediente. La organización recuerda que cuatro informes de observación demuestran que gran parte de los retrasos provienen de incidentes provocados por imputados y sus abogados, incluido Jean Alain Rodríguez, con la evidente intención de solicitar la extinción de la acción penal.
Por último, PC subraya que, por primera vez, el país está procesando redes criminales amplias, complejas y con gran poder político y económico, que durante años se enquistaron en la administración pública. Este caso representa un desafío crucial para la justicia dominicana y su capacidad para combatir la corrupción.
