Juez aplaza audiencia del caso Calamar por pruebas contundentes contra acusados.

Juez aplaza audiencia del caso Calamar por pruebas contundentes contra acusados.

Justicia dominicana mantiene en vilo a exfuncionarios acusados en mega caso de corrupción

El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional pospuso hasta el próximo miércoles la audiencia clave contra 46 imputados en el escándalo Operación Calamar, un entramado de desvío de fondos públicos, sobornos y financiamiento ilegal de campañas que sacude los cimientos políticos del país.

La Procuraduría Especializada contra la Corrupción (Pepca) aseguró haber demolido los argumentos de los principales acusados, incluidos exministros y altos funcionarios de gobiernos anteriores. "Las pruebas son irrefutables. Este caso se sostiene sobre evidencias, no sobre especulaciones", declaró la fiscal Mirna Ortiz tras horas de réplica en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

La trama millonaria
Según la acusación, la red desfalcó al Estado mediante expropiaciones fraudulentas de terrenos y pagos ilegales destinados a financiar campañas electorales. Entre los imputados figuran el exministro de Hacienda Donald Guerrero, el exsecretario de la Presidencia Gonzalo Castillo y el exadministrador de Empresas Públicas José Ramón Peralta, junto a empresarios y exdirectores de instituciones clave como Catastro Nacional y el Consejo Estatal del Azúcar.

Pruebas que no caen
El equipo fiscal, integrado por cinco procuradores, desmontó ante el tribunal los intentos de las defensas por invalidar evidencias digitales. "Han manipulado metadatos para confundir, pero los hechos son claros", señaló Ortiz. La jueza Altagracia Ramírez deberá resolver próximamente sobre la admisión de pruebas, mientras la Pepca insiste en que fueron obtenidas legalmente.

Impacto nacional
El caso, que incluye cargos por lavado de activos, falsificación documental y asociación ilícita, ha reavivado el debate sobre la impunidad de la corrupción en República Dominicana. Autoridades judiciales aseguran que este proceso marca un precedente en la lucha contra redes de poder enquistadas en el Estado.

La próxima audiencia podría definir el rumbo de uno de los juicios por corrupción más emblemáticos de la última década, con implicaciones directas en la clase política y empresarial del país.

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