El Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile (CAPJ) ha abierto una investigación contra tres funcionarios del Departamento de Desarrollo Institucional (DDI) por presuntamente realizar actividades comerciales en otros países utilizando conocimientos adquiridos en su labor dentro del sistema judicial chileno. Entre los investigados se encuentran el director del DDI, Mario Lara, el subdirector Esteban Paiva y el funcionario Pablo Cabezas.
Según el diario chileno La Tercera, los funcionarios habrían asumido roles similares a los que desempeñan en Chile en otros países, incluyendo la República Dominicana. Esto habría ocurrido de manera paralela a sus funciones oficiales, lo que ha levantado sospechas de irregularidades. Sin embargo, los investigados han negado cualquier implicación en estas prácticas.
La investigación fue iniciada tras una denuncia presentada ante el Consejo Superior de la CAPJ, integrado por el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, y los ministros titulares Gloria Ana Chévesich, María Soledad Melo, Adelita Ravanal y María Cristina Gajardo. La ministra Gajardo fue designada como instructora de la indagatoria debido a la gravedad de los hechos denunciados.
Como medida cautelar, el 9 de diciembre, la ministra Gajardo suspendió a los tres funcionarios de sus cargos por un plazo de dos meses. El DDI, que es el brazo técnico de la CAPJ, es responsable de evaluar los requerimientos tecnológicos de los tribunales para garantizar su adecuado funcionamiento.
Este caso ha generado preocupación dentro del Poder Judicial chileno, ya que pone en duda la integridad de quienes están encargados de implementar tecnología e inteligencia artificial en la judicatura. La investigación continúa en curso para determinar la veracidad de las acusaciones y tomar las medidas correspondientes.
