El Gobierno dominicano planea eliminar a los proveedores de comida escolar, dejando a miles de familias en riesgo
El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) ha propuesto un polémico proyecto que busca eliminar a los proveedores de alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en República Dominicana. Esta medida, ya aprobada por la Cámara de Diputados y en espera de ser discutida en el Senado, ha generado fuertes críticas por parte de asociaciones de suplidores, quienes advierten que dejaría sin sustento a miles de familias que dependen de este negocio.
Preocupación por el futuro de las familias
La Federación Nacional de Suplidores, Alimentos y Afines (Fenafin), junto con otras asociaciones como la Unión Nacional de Suplidores de Alimento Escolar (Unsae) y la Asociación Dominicana de Industrias Alimentarias (Asodoina), han calificado el proyecto como “perturbador” y “falto de juicio”. Según estas entidades, la iniciativa podría arruinar económicamente a miles de pequeñas empresas y trabajadores que han invertido en cocinas industriales y otros negocios relacionados con el PAE.
Muchos de estos proveedores obtuvieron préstamos para establecer sus negocios, por lo que temen que, de aprobarse la ley, quedarían en la ruina. “¿Qué pasará con ellos si prospera esta pieza legislativa?”, se preguntan las asociaciones, que han pedido al presidente Luis Abinader que intervenga y evite la aprobación del proyecto.
Un programa con 15 años de historia
Las asociaciones destacan que, durante más de una década y media, han sido los responsables de proveer alimentos de calidad a los estudiantes del país. Además, aseguran que sus emprendimientos han sido certificados y que sus empleados han recibido capacitaciones para garantizar un servicio eficiente.
“No nos oponemos a una mejora o a que nos regulen, pero sí al intento de eliminarnos”, afirman. Según Fenafin y las demás entidades, cualquier iniciativa debería enfocarse en fortalecer el sistema actual, en lugar de reemplazarlo por completo.
Impacto en Barahona y otras regiones
En la provincia de Barahona, por ejemplo, el proyecto afectaría directamente a 1,700 empleados y 110 microempresas que suministran materias primas para el PAE. Si la ley se aprueba, estas personas podrían quedarse sin trabajo y sin ingresos para mantener a sus familias.
“Si multiplicamos que cada uno de esos empleados sostiene a tres personas, estamos hablando de más de 5,000 afectados”, explican las asociaciones. Además, advierten que otros sectores, como el transporte, también sufrirían las consecuencias.
Llamado al diálogo y al consenso
Las entidades han hecho un llamado a las autoridades para que evalúen todas las variables antes de tomar una decisión. “Esperamos que este proyecto sea el resultado del consenso y no de la imposición”, señalan. También insisten en que cualquier iniciativa debe estar orientada a proteger a las familias y no a perjudicarlas.
Conclusión
El futuro del Programa de Alimentación Escolar está en juego, y con él, el sustento de miles de familias dominicanas. Mientras el proyecto de ley avanza en el Senado, las asociaciones de suplidores esperan que el Gobierno tome en cuenta su impacto social y económico antes de dar el paso definitivo.
