Un escándalo financiero que dejó a más de 100 personas afectadas por una estafa de 2.4 millones de dólares ha llevado al arresto domiciliario y a la prohibición de salida del país de Bélgica Altagracia Báez de la Rosa y José Horacio Vicioso. Ambos están vinculados a una red de comercialización de criptomonedas que prometía altos rendimientos, pero que terminó siendo un fraude masivo. La medida fue ordenada por el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional tras su arresto en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
El Ministerio Público solicitó la medida de coerción, y el juez Amaury Martínez también levantó la declaratoria de rebeldía que pesaba sobre los acusados. Según la investigación liderada por la procuradora fiscal Elizabeth Tucent Hiraldo, los imputados enfrentan cargos por estafa, asociación de malhechores y lavado de activos.
Báez de la Rosa es la madre de Luis Alejandro Lantigua Báez, el principal acusado y prófugo, mientras que Vicioso es su padrastro. Ambos formaban parte de la estructura de la Cooperativa de Ahorros y Créditos Digital Dominicana Inc. (Digicoop), junto con otros implicados como Yoima Guzmán Contreras. Los fondos captados eran transferidos a la empresa HDLS Digital Kingdom Investment Group S.R.L., utilizada como canal para el lavado de dinero. Entre las sumas identificadas se encuentran 25,000 dólares y 2,783,500 pesos dominicanos, depositados directamente en las cuentas de Digicoop por las víctimas.
El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) detectó que Digicoop captaba valores en moneda extranjera, algo prohibido para las cooperativas dominicanas. Además, ofrecían productos inexistentes bajo contratos falsos que garantizaban retorno de capital, obligando a los inversionistas a abrir cuentas en la cooperativa para acceder a sus supuestas ganancias.
El Ministerio Público ya ha dictado auto de apertura a juicio contra otros imputados en el caso, incluyendo a Juan Diego Toribio Mejía y Samil José Abad de la Rosa, este último extraditado desde Colombia. Otros acusados que enfrentan medidas de coerción son Harold Martínez Hernández, Luis Alejandro Lantigua Báez, y Luis Napoleón Granon de Oro Sepúlveda, quien también sigue prófugo.
Este caso destaca los riesgos de las inversiones no reguladas y la importancia de investigar a fondo antes de confiar en promesas de altos rendimientos.
