Un empresario del sector funerario enfrenta graves cargos por falsificar actas de defunción para acelerar entierros en un cementerio privado, según reveló el Ministerio Público de República Dominicana. Braulino Perdomo Encarnación, detenido desde el 6 de mayo de 2025, podría enfrentar prisión preventiva por violar leyes nacionales relacionadas con documentos públicos y actos del estado civil.
El caso, que ha sacudido al sector funerario dominicano, involucra la presunta falsificación de dos actas de muerte para evadir los protocolos legales requeridos antes de la inhumación. Las autoridades aseguran que estas acciones constituyen una grave infracción a los artículos 147 y 148 del Código Penal, así como a la Ley 4-23 sobre Actos del Estado Civil.
El arresto de Perdomo Encarnación fue ordenado por el juez Máximo Roa Saint Hilaire, coordinador de los Juzgados de la Instrucción de Santo Domingo Este. La audiencia para determinar la medida de coerción fue aplazada hasta el 25 de febrero, a solicitud de la defensa del acusado, quien permanece detenido en un centro penitenciario de la zona.
El proceso judicial está siendo liderado por la fiscal Esther María González Peguero, adscrita a la Junta Central Electoral, junto al fiscal Hamlet Andrés Paulino, del Departamento de Investigaciones de Delitos de Falsificaciones de Santo Domingo Este. Ambos trabajan en coordinación con la Dirección de Seguridad Civil y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).
Este caso ha puesto en evidencia posibles irregularidades en el manejo de documentos oficiales relacionados con defunciones, un tema sensible en un país donde el sector funerario opera bajo estrictas regulaciones. Las autoridades han reforzado los controles para evitar que prácticas similares comprometan la integridad de los procesos legales.
El desenlace de este proceso judicial podría sentar un precedente importante en la lucha contra la falsificación de documentos públicos en República Dominicana, especialmente en sectores críticos como el funerario. Las próximas semanas serán clave para determinar el futuro legal del acusado y las posibles implicaciones para el sistema de control de actos civiles en el país.
