El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha vuelto a presionar al país para que retome reformas estructurales, incluyendo el Pacto Eléctrico, la revisión de subsidios y una posible reforma fiscal. Sin embargo, estas propuestas han encendido el debate político, con sectores que advierten que los ajustes no deben afectar aún más a la población, ya golpeada por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.
La Fuerza del Pueblo ha intensificado su presión en el Congreso para que el Gobierno cumpla con la indexación salarial establecida por ley antes de discutir cualquier reforma tributaria. Rafael Castillo, vocero de la organización, destacó que unos 765 mil trabajadores siguen afectados al pagar el Impuesto Sobre la Renta sin ajustes por inflación. "No se puede hablar de nuevas cargas fiscales mientras el ISR siga congelado", afirmó.
Además, la Fuerza del Pueblo insiste en que el Gobierno debe mejorar la eficiencia del gasto público antes de pedir más sacrificios a la ciudadanía. Apoyan propuestas como optimizar el sistema eléctrico, revisar el crecimiento de la nómina estatal y reducir pasivos que generan más de 350 millones de dólares anuales en intereses sin beneficios productivos.
Por otro lado, legisladores de distintos partidos, tanto de oposición como del oficialismo, han mostrado cautela ante las recomendaciones del FMI. Aunque reconocen la necesidad de fortalecer la sostenibilidad fiscal, coinciden en que este no es el momento para medidas que incrementen la carga económica sobre la población.
Para los opositores, cumplir con la indexación salarial sería una señal de respeto hacia los trabajadores y permitiría discutir con mayor legitimidad las reformas propuestas por el FMI.
En resumen, mientras el FMI insiste en acelerar reformas, la presión política crece para priorizar la protección de los ciudadanos antes de implementar cualquier ajuste fiscal.
