Escándalo millonario en el Seguro Nacional de Salud: contratos suspendidos tras revelarse graves irregularidades
El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) ha suspendido contratos con al menos once empresas privadas tras destaparse graves irregularidades en el manejo de fondos públicos. Estas empresas, que recibían millones de pesos bajo el esquema de pagos capitados, operaban en el régimen subsidiado, pero las investigaciones revelaron deficiencias alarmantes en la calidad de los servicios ofrecidos.
Empresas beneficiadas y servicios deficientes
Una de las principales empresas implicadas es KHERSUN S.A., perteneciente al Grupo Read. Esta compañía recibía RD$ 65 millones mensuales (RD$ 780 millones anuales) para operar 35 centros médicos en todo el país. Sin embargo, una investigación con cámaras ocultas en cinco centros al azar mostró ausencia de especialistas, equipos insuficientes y demoras prolongadas en las citas médicas.
Otra empresa involucrada es DELESTE SRL, también del Grupo Read, que recibía RD$ 130 por cada uno de los 300 mil afiliados, sumando RD$ 39 millones. Aunque se promocionaba como parte de la expansión de Punto Médico en zonas turísticas, solo dos de sus centros estaban en áreas turísticas, mientras que 18 estaban en zonas rurales del noroeste. Las inspecciones revelaron deficiencias en infraestructura y calidad de servicio.
Suspensión de contratos y reacción oficial
Tras la difusión del reportaje en el programa N Investiga, SeNaSa suspendió los contratos con estas empresas, que ahora solo recibirán pagos por servicios prestados. El gobierno convocó una rueda de prensa para anunciar que existía una investigación con “indicios penales graves”, pero evitó mencionar nombres específicos de los responsables.
Multas mínimas y preguntas sin respuesta
A pesar de las irregularidades millonarias, las sanciones han sido mínimas. Una resolución impuso una multa de RD$ 1 millón, equivalente a 101 salarios mínimos, a pesar de que SeNaSa había incumplido pagos por más de RD$ 1,000 millones. Esto contrasta con sanciones más severas en casos individuales, como una multa de RD$ 3.88 millones por negar una cirugía de escoliosis.
Preocupación ciudadana y fallas sistémicas
El caso plantea interrogantes sobre por qué se permitió la continuidad de contratos con anomalías documentadas y qué criterios se usaron para asignar fondos millonarios a empresas con deficiencias. La opacidad y la respuesta tardía del Estado han profundizado la preocupación ciudadana sobre la transparencia en el manejo de fondos públicos destinados a la salud.
Este escándalo evidencia una falla sistémica en la fiscalización de los recursos destinados a la atención médica de los sectores más vulnerables del país, dejando en entredicho la eficacia del sistema de salud pública.
