Una empresa de imprenta, Dekolor S.R.L., está en el centro de un escándalo de corrupción dentro del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). Según las autoridades, la compañía habría cambiado su giro comercial para obtener contratos millonarios en la emisión de licencias de conducir, sin tener experiencia ni habilitación en el sector. Además, se acusa a los involucrados de manipular contratos y desviar fondos públicos.
Dekolor, fundada en 2002 como una imprenta, modificó su objeto social para asumir responsabilidades en el área de licencias de conducir. Las investigaciones revelan que la empresa estaba controlada indirectamente por José Ángel Gómez Canaán (conocido como Jochi Gómez) a través de la sociedad OML Inversiones S.R.L. Esta relación le permitió beneficiarse de contratos y adendas irregulares entre 2020 y 2024.
En enero de 2020, el INTRANT firmó un contrato con Dekolor para la instalación y operación del sistema de emisión de licencias. Sin embargo, según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la empresa no tenía la experiencia técnica necesaria. Aun así, obtuvo el control total del sistema, incluyendo cobros, equipos y mantenimiento.
En mayo de 2021, se firmó una primera adenda que amplió los servicios del contrato, incluyendo exámenes médicos y psicofísicos para conductores. Sin embargo, Dekolor no estaba habilitada para ofrecer estos servicios, según la Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud (DHSES). Esta adenda permitió cobrar RD$1,000 por examen médico, generando ingresos superiores a RD$200 millones sin fiscalización adecuada.
Además, se investiga la participación de otra empresa, PagoRD Xchange S.R.L., también controlada por Gómez Canaán, como procesadora de pagos de las licencias. Según las autoridades, ambas compañías coordinaron acciones para retener y desviar fondos públicos. Las transacciones entre Dekolor y PagoRD Xchange habrían sido clave en un circuito de lavado de activos.
En enero de 2023, bajo la dirección de Hugo Marino Beras Goico Ramírez, se firmó una segunda adenda que aumentó los precios de los servicios en un 17.83%. Según la PEPCA, este incremento fue injustificado y careció de sustento técnico. Por ejemplo, el costo del examen psicofísico subió de RD$1,000 a RD$1,522.43, un aumento del 52.24%.
Finalmente, en julio de 2024, durante la dirección interina de Randolfo Rijo Gómez, se firmó una tercera adenda que reconoció las anteriores y extendió la vigencia del contrato. Esta última modificación incluyó una proyección de deuda de RD$936 millones, calculada sin respaldo contable. Las autoridades sostienen que estas acciones configuraron un patrón de manipulación contractual y sobrevaloración.
La PEPCA ha imputado a los involucrados por delitos como estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsedad ideológica, desfalco y lavado de activos. El caso sigue en investigación mientras las autoridades buscan responsabilizar a todos los implicados en este entramado de corrupción.
