La Corte Constitucional de Ecuador notificó este miércoles que admitió el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, planteado por una mayoría opositora de la Asamblea para intentar destituirlo alegando presuntos delitos contra la seguridad del Estado y supuesta corrupción.
La garantía constitucional no implica la destitución presidencial, sino que da paso al inicio del proceso de juicio político en la Asamblea Nacional, que debe seguir un proceso de exposición de argumentos y sumar una mayoría en la votación.
La Secretaría de Comunicación de la Presidencia, en un comunicado, dijo que a pesar de que el gobierno no está de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional “respetamos el dictamen de admisibilidad del juicio político”, que de ninguna manera valida los argumentos planteados. por la Legislatura contra el presidente.
Aseguró que las acusaciones de la Asamblea no han tenido respaldo legal ni político.
El tribunal, intérprete y garante de la constitución del país, adoptó la decisión con el voto de seis de los nueve magistrados integrantes. Recibió el pedido de enjuiciamiento por parte de bancadas legislativas presididas por el partido Unión por la Esperanza, afín al expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017).
En el fallo, la mayoría de ese órgano decidió declarar sin lugar las dos acusaciones relacionadas con el presunto delito de conmoción cerebral pero admitió el pedido de juicio político con el de peculado y argumentó que la Asamblea ha respetado los principios de legitimidad política y debido proceso.
En relación con el delito de peculado o peculado, la Corte determinó que se encuentra dentro de los supuestos de admisibilidad.
No hubo una reacción o pronunciamiento inmediato por parte del gobierno ni del presidente Lasso tras conocerse la decisión del órgano constitucional.
La iniciativa llegó a la justicia luego de pasar por varios trámites e instancias en la Asamblea, entre ellos, por una comisión que revisó una investigación policial sobre presuntos vínculos del cuñado del presidente, Danilo Carrera, con funcionarios públicos supuestamente pertenecientes a redes de corrupción y del narcotráfico
El caso por el que Lasso será llevado a juicio político se conoció a través de publicaciones en el portal digital La Posta, que reveló una investigación policial entre junio de 2022 y enero de 2023, que fue archivada por recomendación del juzgado y la Fiscalía por la falta de elementos contundentes.
Sin embargo, la oposición política aprovechó las revelaciones para sustentar la solicitud de juicio, que llegó el fin de semana a manos de la Corte Constitucional para pronunciarse sobre si se apega o no al marco legal ecuatoriano.
El mandatario ecuatoriano, a su vez, envió a la entidad un escrito de defensa de 91 páginas para que ese tribunal rechace el pedido de la Asamblea Legislativa. Argumentó que ninguna acusación estaba justificada ni probada y que la petición fue presentada fuera de plazo, así como que el expediente tampoco estaba completo, por lo que no fue admitido.
Con esta decisión de los magistrados constitucionales, el proceso de juicio político contra Lasso vuelve a la Legislatura. En un plazo máximo de hasta 45 días, deben someter al presidente al proceso de acusación, que implica varios pasos previos.
Para remover al presidente se requiere una mayoría de votos de 92 respecto de los 137 asambleístas. Según las bancadas de la oposición, existe cierta posibilidad por la cantidad de legisladores que están en contra del presidente.
Aunque en el primer intento de destitución del presidente, la iniciativa no obtuvo suficientes votos. Fue en junio del año pasado, cuando Lasso llevaba un año en el cargo. No se alcanzaron los 92 votos necesarios para aprobar el juicio político a Lasso tras el paro indígena que derivó en violentas protestas durante casi tres semanas exigiendo una rebaja en los precios de los combustibles.
El presidente Lasso, cuyo mandato terminaría en 2025, tiene a su disposición una fórmula para evitar el juicio político. Podría activar una figura constitucional de disolución del Legislativo, denominada muerte cruzada, sin más trámite. Eso le permitiría gobernar por decreto durante unos seis meses, antes de tener que convocar a elecciones.
En ese periodo podría presentarse a la reelección, opción que hasta ahora no ha planteado oficialmente y que tiene como precedente la reciente derrota en las urnas en febrero de un referéndum centrado en la seguridad.
Fuerte: PA
