Tragedia en discoteca Jet Set: dueños enfrentan cargos por homicidio tras colapso que dejó 236 muertos
Nueve meses después del derrumbe del techo en la emblemática discoteca Jet Set de Santo Domingo, que cobró la vida de 236 personas e hirió a más de 180, los dueños del local, Antonio y Maribel Espaillat, siguen bajo proceso judicial por homicidio involuntario. El caso, que conmocionó al país, expone graves fallas en la seguridad del establecimiento y ha dejado a decenas de familias exigiendo justicia.
El Jet Set, un ícono de la noche dominicana por más de 50 años, era famoso por sus "Lunes Bailables", donde se presentaban artistas de renombre. Pero la fiesta del 8 de abril terminó en catástrofe cuando la estructura cedió durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, quien perdió la vida junto a otras figuras prominentes, como la gobernadora de Monte Cristi, Nelsy Milagros Cruz, y los exbeisbolistas Octavio Dotel y Tony Blanco.
Justicia bajo la lupa
Yan Carlos Martínez, abogado de familiares de las víctimas y sobrevivientes, criticó la lentitud del sistema judicial. "No hay una respuesta proporcional a la magnitud de esta tragedia", declaró. Aunque reconoció que la investigación fiscal fue sólida, su equipo presentó una acusación alternativa por homicidio voluntario, argumentando que los dueños actuaron con negligencia extrema.
Entre los afectados, muchos siguen lidiando con lesiones graves: fracturas, daños permanentes y traumas psicológicos. "Algunos no se recuperarán jamás", advirtió Martínez, quien insistió en que el objetivo principal no es la compensación económica, sino sentar un precedente legal.
Un duelo nacional
La tragedia no solo dejó un saldo devastador, sino que reveló la falta de controles en locales de entretenimiento. Autoridades prometieron reformas, pero las familias aún esperan respuestas concretas. Mientras el caso avanza, el país recuerda a las víctimas y vigila que la justicia no quede en impunidad.
El próximo paso judicial podría definir no solo el futuro de los acusados, sino también el estándar de seguridad para establecimientos públicos en República Dominicana.
