Empleados del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) han denunciado presiones para afiliarse a un movimiento político y realizar pagos obligatorios vinculados a sus salarios, bajo amenaza de sanciones laborales, incluyendo suspensiones y despidos. Estas acusaciones, que han generado un escándalo nacional, apuntan directamente al director de la institución, Hecmilio Galván, y al movimiento "La Maquinaria del Cambio", al que supuestamente se destinan los fondos recaudados.
Según testimonios de trabajadores, tanto actuales como anteriores, se les exigió afiliarse al movimiento y realizar aportes mensuales calculados en base a sus salarios. Quienes se negaban o no cumplían con los pagos enfrentaban medidas disciplinarias. "Me suspendieron porque no pude pagar. Me dijeron que ni me molestara en ir a trabajar", relató una de las empleadas afectadas, cuya identidad se mantiene en reserva. Los fondos, según investigaciones preliminares, se depositaban en cuentas personales de miembros de la junta directiva del movimiento político.
Además de estas contribuciones obligatorias, los empleados denunciaron otra práctica llamada "Monta tu regidor", que consistía en vender boletas para financiar la compra de vehículos destinados a regidores o aspirantes políticos vinculados al FEDA. Quienes no lograban vender las boletas debían cubrir el costo de su propio bolsillo o enfrentar sanciones laborales. "Cada uno tiene que vender diez boletos. Si no los vendes, tienes que pagarlos tú o te suspenden", explicó otro trabajador.
Las denuncias han puesto en evidencia posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos y han generado preocupación sobre la politización de instituciones estatales. Autoridades competentes han iniciado una investigación para determinar la veracidad de estas acusaciones y evaluar las implicaciones legales y administrativas.
Este caso no solo ha sacudido al FEDA, sino que también ha reavivado el debate sobre la transparencia y la ética en las entidades públicas del país. Las posibles consecuencias podrían incluir cambios en la gestión de la institución y un mayor escrutinio sobre las prácticas de financiamiento político. Mientras tanto, los empleados afectados esperan justicia y garantías de que no serán penalizados por negarse a participar en estas actividades.
