La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, ha solicitado la exclusión de más de 500 documentos presentados por el Ministerio Público en el caso Calamar, alegando que fueron elaborados de manera ilegal y sin garantizar el derecho a la defensa. Este movimiento judicial podría tener repercusiones significativas en uno de los procesos más polémicos de los últimos años en el país.
Los abogados de Guerrero Ortiz argumentaron ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que los informes, elaborados por una supuesta Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, carecen de validez legal. Según Eduardo Núñez, abogado defensor, estos documentos fueron creados sin permitir la participación de las personas investigadas, violando así el artículo 69 de la Constitución, que anula cualquier prueba obtenida fuera del marco legal.
El caso Calamar, que ha captado la atención nacional, gira en torno a presuntas irregularidades en expropiaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda entre 2021 y 2024. La defensa sostiene que las auditorías fueron ejecutadas sin notificación previa, acceso a la información o posibilidad de réplica por parte de los implicados, lo que cuestiona su imparcialidad y transparencia.
Núñez acusó al Ministerio Público de fabricar pruebas para construir una narrativa falsa y justificar una persecución política. Según su argumentación, los informes no responden a un análisis técnico, sino a un intento deliberado de legitimar acciones que carecen de fundamento legal. Esto, aseguró, busca "venderle al país una historia que no se corresponde con la verdad".
Este desarrollo marca un punto crucial en el juicio, ya que la exclusión de los 559 anexos presentados por la fiscalía podría debilitar significativamente la acusación. El tribunal deberá ahora evaluar si los documentos cumplen con los estándares legales o si, como sostiene la defensa, fueron obtenidos de manera irregular.
El caso sigue generando debate sobre los límites de las investigaciones gubernamentales y el respeto a los derechos fundamentales en procesos judiciales. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas podrían sentar un precedente importante en la lucha contra la corrupción y la aplicación de la justicia en el país.
