Al continuar este viernes con la lectura de la acusación del Caso Anti Pulpo durante la audiencia preliminar en el Juzgado Séptimo de Instrucción del Distrito Nacional, el Ministerio Público sostuvo que la investigación de este proceso reveló una serie de acciones penales en la administración y manejo de los bienes del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).
El subprocurador Wilson Camacho, titular de la Fiscalía Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó que continúan avanzando con la presentación de la acusación de este proceso.
“Continuamos en la presentación de la acusación de la Operación Antipulpo. Hoy hemos avanzado a la página 234 y dentro de los hechos se ha presentado la afectación a instituciones como Fonper, que se presentó en su totalidad y en este momento estamos presentando la afectación al Ministerio de Salud Pública”.
Adelantó que, durante la continuación de la audiencia, el próximo lunes, expondrán el impacto negativo de la corrupción del entramado criminal en la remodelación de hospitales públicos.
Wilson Camacho ofreció la información a los periodistas de la fuente judicial luego de concluida la audiencia donde representó al Ministerio Público junto a la procuradora y coordinadora de Litigios de Pepca, Mirna Ortiz, así como a Ernesto Guzmán, Elizabeth Paredes, José Miguel Marmolejos, Héctor García y Yoneivy González.
Según el Ministerio Público en la acusación, los hechos ocurridos en el Fonper de acuerdo a la legislación vigente en el país son tipificados como delitos, recayendo la responsabilidad en los exfuncionarios Fernando Rosa y Carmen Magalys Medina Sánchez, presidente y exvicepresidenta del esa institución. , respectivamente.
Señala que ambos, como parte de una asociación delictiva, se fusionaron en su calidad de presidente y vicepresidente del Fonper.
Detalla que las maniobras utilizadas por ese organismo que permitieron la contratación irregular de empresas vinculadas al entramado societario de Juan Alexis Medina Sánchez, principal imputado en la causa, evidencian una serie de delitos cometidos por los imputados, que comprometen su responsabilidad penal.
El extenso expediente destaca que entre 2012 y 2020, en el Fonper, que preside Fernando Rosa, se incrementó la nómina de empleados, nombrándose un total de 202 personas que solo recibían un salario, pero que no desempeñaban ninguna función para la institución, pagando nómina fraudulenta un total de RD$259,515,725.
Precisa que las publicaciones de las planillas que se hacían en el portal institucional fueron falsificadas y solo se subieron a dicho portal las planillas de las personas que realmente cumplían funciones en la institución, desconociendo esas 202 botellas existentes, en clara violación a la Ley General. de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04.
Resalta que los hechos están acreditados por el Informe Especial de Investigación realizado por la Cámara de Cuentas al Fonper.
Detalla que el mismo esquema se verificó en el personal militar que cumplía funciones de seguridad, encontrándose 37 personas designadas en esas funciones, de las cuales no se verifica evidencia de haber prestado algún servicio, ya que dicho personal no aparece en los controles asignados a los servicios. diarios Refiere que esas “botellas militares” le costaron a la institución y al país RD$26,490,670.00.
A ambos procesados, entre otros delitos, también se les acusa de incurrir en nepotismo al emplear en la institución a personas con las que tenían lazos familiares directos, quienes percibían salarios elevados y otro tipo de compensaciones laborales.
Asimismo, se les atribuye malversación disfrazada de ayuda y obra social, así como la contratación de empresas auditoras sin aprobación previa del directorio y la utilización de los fondos para fines contrarios a la ley.
En cuanto al Ministerio de Salud Pública, bajo la dirección de Freddy Hidalgo, se reportan acciones fraudulentas en la compra de medicamentos y material fungible que serían utilizados en un operativo médico durante la Semana Santa 2013, registrándose un desvío de bienes públicos en beneficio de dos de las empresas del imputado Juan Alexis Medina Sánchez.
En esta fase de la audiencia preliminar, el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, conoce la acusación del Ministerio Público contra los imputados del Operativo Anti Pulpo.
La audiencia, realizada por razones de espacio en la Sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, continuará el próximo lunes 17 de octubre a partir de las 9:00 de la mañana.
Continúa la causa contra Juan Alexis Medina Sánchez, el principal imputado, así como otras 27 personas físicas y 21 empresas que enfrentan cargos en un extenso expediente por corrupción y lavado de activos que consta de 3.445 folios.
El proceso también se adelanta contra José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como contra Francisco Pagán Rodríguez, exdirector general de la ex Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el ex inspector de esa institución Aquiles. Alejandro Cristóbal.
La acusación del caso presentada por Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Suriel Suazo, el excontralor general Rafael Antonio Germosén y Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Asimismo, están involucrados Carlos Montes de Oca y Paola Mercedes Suazo.
El Ministerio Público también presentó cargos contra las personas jurídicas General Supply Corporation SRL, Domedical Supply SRL, Fuel América Inc. Dominicana SRL y Globus Electrical SRL, entre otras.
