Polémica por renovación de licencias: líder político denuncia discriminación a mayores de 65 años
El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle, ha encendido el debate nacional al denunciar que la obligación de renovar la licencia de conducir cada dos años para mayores de 65 años es discriminatoria y anticonstitucional. Mientras el resto de los ciudadanos cumple con el trámite cada cuatro años, la medida ha generado un choque entre el decreto 6-19 y la Ley 63-17, que no establece distinciones por edad.
El conflicto legal
Antún Batlle sostiene que la normativa vigente, respaldada por la Constitución, garantiza igualdad de derechos sin exclusiones arbitrarias. "Un decreto no puede estar por encima de una ley", afirmó el dirigente, citando el artículo 39 de la Carta Magna, que prohíbe tratos desiguales sin justificación. Además, señaló que la disposición ignora las capacidades individuales de los conductores, basándose únicamente en un criterio etario.
Reacciones y reclamos
Pese al anuncio gubernamental de octubre pasado sobre la supresión de esta regla, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) continúa aplicándola, según reportes de afectados. Ante esto, varios sectores han presentado recursos ante el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Constitucional, exigiendo la anulación del decreto por considerarlo ilegal.
Impacto social
La controversia trasciende lo jurídico: más de un millón de dominicanos mayores de 65 años podrían verse perjudicados por los costos y trámites adicionales. "Es una cuestión de justicia social", insistió Antún Batlle, quien pidió al Gobierno alinear sus políticas con el marco legal vigente.
Mientras las autoridades no se pronuncien oficialmente, el malestar crece entre los ciudadanos y grupos defensores de derechos humanos, que exigen una solución inmediata. La resolución de este conflicto podría sentar un precedente clave sobre el alcance de los decretos ejecutivos frente a las leyes nacionales.
