Una adolescente de 16 años fue brutalmente asesinada presuntamente por su pareja sentimental en San José de Ocoa, República Dominicana, en un caso que ha conmocionado al país y ha reavivado el debate sobre la violencia de género y la atención médica en situaciones críticas. La víctima, identificada como Awilda Encarnación, falleció tras recibir múltiples heridas de arma blanca, según informes preliminares.
El presunto agresor, Raudin Gregorio del Villar, alias Sandy, se entregó a las autoridades horas después del crimen. Awilda fue trasladada con vida al Hospital San José, pero falleció alrededor del mediodía del lunes debido a complicaciones derivadas de la pérdida masiva de sangre. Su padre, Wilkin Antonio Encarnación, denunció una presunta negligencia médica, alegando que el centro de salud carecía de los recursos necesarios, como sangre, para salvarle la vida.
El hospital, por su parte, explicó que la joven ingresó en estado crítico, habiendo perdido aproximadamente 2,000 centímetros cúbicos de sangre. Fue sometida a una cirugía de emergencia, pero sufrió un paro cardíaco que no respondió a los esfuerzos de reanimación. Las autoridades médicas defendieron su actuación, afirmando que hicieron todo lo posible para salvarla.
El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde familiares y vecinos exigen justicia. El padre y el abuelo de Awilda han presionado a la Policía Nacional para que se garantice una investigación exhaustiva y se aplique todo el peso de la ley contra el presunto asesino. Este crimen se suma a la preocupante estadística de feminicidios en el país, que ha llevado a organizaciones sociales a demandar medidas más efectivas para proteger a las mujeres y adolescentes.
Las autoridades continúan investigando los detalles del caso, mientras el presunto agresor permanece bajo custodia. El Ministerio Público ha asegurado que se seguirán todos los protocolos para garantizar un proceso judicial transparente. Este trágico suceso pone nuevamente en el foco la necesidad de fortalecer los sistemas de prevención de la violencia de género y mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de salud en situaciones de emergencia.
