En los últimos cinco años, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, ha demostrado una postura firme contra la corrupción al destituir a decenas de funcionarios implicados en irregularidades. Desde 2020, su gobierno ha apartado de sus cargos a miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y otros servidores públicos involucrados en actos ilícitos, reafirmando su compromiso con la transparencia y la lucha contra la impunidad.
Uno de los casos más recientes es el de Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), quien fue destituido y sometido a la justicia por un presunto fraude de más de RD$15,000 millones. Abinader ha reiterado que su administración no tolerará la corrupción, incluso si los implicados son cercanos a su círculo político. "Durante estos cinco años he luchado contra la impunidad y la corrupción", declaró el mandatario en redes sociales tras la destitución de Hazim.
Entre los casos destacados se encuentra la destitución en 2021 de Luis Michel Dicent, exadministrador de la Lotería Nacional, vinculado a un sorteo fraudulento. Ese mismo año, Alba Jiménez Ramírez, entonces ministra de la Juventud, fue separada de su cargo por su presunta participación en escándalos de corrupción. Otro caso resonante fue el de Lisandro Macarrulla, exministro de la Presidencia, quien renunció en agosto de 2022 tras verse relacionado con el caso de corrupción Medusa.
Además, Abinader ha destituido a otros funcionarios como Julio Antonio de la Cruz Nolasco, Juan Maldonado Castro, Paula Disla Acosta y Mérido Torres, todos ellos implicados en supuestas irregularidades durante su gestión. Según Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), en mayo pasado se habían presentado 276 casos de presunta corrupción ante el Ministerio de la Administración Pública, y 50 expedientes fueron remitidos a la Procuraduría General de la República.
Con estas acciones, el presidente Abinader ha buscado consolidar su imagen como un líder comprometido con la transparencia y la defensa del patrimonio público. Su firmeza en la lucha contra la corrupción ha marcado un precedente en su administración, aunque también ha generado debates sobre los desafíos que enfrenta su gobierno para erradicar este mal en el país.
