Cuatro meses después de la tragedia en la discoteca Jet Set, el caso judicial sigue sin resolverse.
El colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril durante un concierto del artista Rubby Pérez, dejó un saldo de 236 fallecidos y 180 heridos. A pesar del tiempo transcurrido, el proceso judicial avanza lentamente y aún no se ha llegado a una resolución definitiva.
Los hechos clave del caso
El 12 de junio, dos meses después de la tragedia, el Ministerio Público interrogó a los propietarios del local, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat. Ese mismo día, ambos fueron detenidos de forma provisional. Una semana después, el 19 de junio, la jueza Fátima Veloz les impuso medidas de coerción, que incluían una garantía económica de 50 millones de pesos, la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades y la prohibición de salir del país. Sin embargo, no se les aplicó prisión preventiva.
El 27 de junio, el Ministerio Público apeló la decisión, argumentando que las medidas no eran proporcionales a la gravedad del caso. A principios de julio, alrededor de 75 familiares y víctimas también presentaron recursos de apelación para exigir sanciones más severas.
El 18 de julio, la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional recibió los recursos. Sin embargo, hasta el 8 de agosto, cuatro meses después de la tragedia, no se había fijado una fecha para la audiencia.
El caso sigue en espera
A día de hoy, el proceso judicial sigue estancado. No se ha determinado una coerción definitiva para los hermanos Espaillat, y las familias de las víctimas continúan esperando justicia. La lentitud del sistema ha generado frustración entre los afectados, quienes reclaman respuestas claras y medidas más contundentes.
Mientras tanto, el caso del Jet Set se ha convertido en un símbolo de las fallas en la justicia y la necesidad de agilizar procesos que afectan a cientos de familias. La espera continúa, pero la demanda de justicia no se detiene.
