El magistrado del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas, alertó sobre los riesgos que podrían surgir para la democracia si el nuevo Código Penal de República Dominicana limita la libertad de expresión. Durante una intervención pública, Vargas subrayó la necesidad de garantizar que las leyes protejan este derecho fundamental, esencial para la vida democrática del país.
Vargas reconoció que ningún código legal nace perfecto y destacó la importancia de mejorar las normas a través del diálogo y el consenso entre los sectores involucrados. “He escuchado a diversos actores, especialmente en lo que concierne a la libertad de expresión. Es crucial que las leyes permitan la coexistencia pacífica de todos los derechos”, afirmó el magistrado.
El juez citó al reconocido cantante Camilo Sesto para enfatizar su punto: “Si se calla la libertad de expresión, entonces se corre el riesgo de que muera la democracia”. Esta reflexión busca recalcar la importancia de no socavar uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático.
El nuevo Código Penal ha generado tensiones entre diversos sectores de la sociedad, incluyendo periodistas, activistas y organizaciones civiles, quienes temen que algunas disposiciones puedan restringir la libre expresión. Vargas insistió en que el debate legislativo debe tomar en cuenta estas preocupaciones y asegurar que las normativas no afecten derechos esenciales como la participación ciudadana y el control democrático.
Aunque no detalló medidas específicas, el magistrado instó a los legisladores a trabajar en una normativa que equilibre los intereses del Estado con las garantías constitucionales. Este llamado llega en un momento crítico, donde la discusión sobre el nuevo código sigue vigente y las presiones sociales por su revisión aumentan.
El caso pone en relieve un debate nacional que podría tener repercusiones profundas en la vida política y social del país. La libertad de expresión, considerada un derecho irrenunciable, será clave en los próximos meses mientras el Congreso define los ajustes finales del proyecto. Las decisiones que se tomen ahora podrían marcar el rumbo de la democracia dominicana en los años venideros.
