Escándalo en salud pública: acusados de desviar millones destinados a pacientes con cáncer enfrentan prisión preventiva
Tres altos directivos del Patronato Cibaeño contra el Cáncer podrían ser enviados a prisión tras ser acusados de desfalcar fondos públicos destinados al tratamiento de pacientes oncológicos. La Fiscalía solicita 18 meses de prisión preventiva para los implicados en la Operación Onco-14, un caso que ha sacudido al sistema de salud dominicano por su impacto en los sectores más vulnerables.
Los investigados —Héctor Antonio Lora Cruceta (expresidente de la junta directiva), Luisa Yasiris Guzmán y Dilcia Isabel Vargas Sánchez— habrían liderado una red fraudulenta desde el Instituto Oncológico del Cibao. Según el Ministerio Público, desviaron recursos del Seguro Nacional de Salud (SNS) mediante facturas falsas, medicamentos adulterados y hasta cirugías estéticas ilegales en instalaciones médicas.
Un esquema millonario con víctimas reales
Las autoridades detallan que los acusados cometieron fraudes clínicos, falsificaron sellos médicos y hasta vendieron medicinas dañadas o en contrabando, aprovechando exenciones fiscales. Además, habrían sabotearon sistemas informáticos para borrar evidencias. "Esto no es un delito sin rostro: afectó directamente a pacientes que dependían de esos tratamientos", señaló una fuente cercana a la investigación.
La Procuraduría Especializada contra Crímenes Administrativos (PEPCA), liderada por Miriam Ortiz, junto a fiscales de Santiago, sustenta la acusación con cargos por lavado de activos, estafa al Estado y asociación ilícita. De confirmarse, sería uno de los mayores casos de corrupción en salud pública de la última década.
Incertidumbre judicial
Hasta ahora, los abogados defensores —entre ellos Ricardo Reina, representante de Vargas Sánchez— aseguran no haber recibido notificaciones oficiales sobre la audiencia de coerción. "Si llegan hoy, el juez podría convocar para mañana", declaró Reina. Otros juristas involucrados, como Juan Francisco Consoró y Antonio Falete, también esperan detalles procesales.
El caso ha reabierto el debate sobre la supervisión a entidades benéficas. El Patronato, encargado de administrar el principal centro oncológico del norte del país, ahora enfrenta auditorías urgentes. Mientras, el SNS evalúa reforzar controles para evitar nuevos desvíos.
Lo que sigue: Si el tribunal acepta la prisión preventiva, los implicados quedarán detenidos mientras avanza la investigación. La Fiscalía ya anticipa que presentará más pruebas en las próximas semanas. El desenlace podría sentar un precedente clave en la lucha contra la corrupción en el sector salud.
