Exdirectivos defienden controles financieros en Senasa como legales

Exdirectivos defienden controles financieros en Senasa como legales

Escándalo en el Seguro Nacional de Salud: Exdirectivos defienden controles tras señalamientos de irregularidades

Dos exaltas funcionarias del Seguro Nacional de Salud (SENASA) salieron al paso de las acusaciones de falta de controles financieros en la institución, reveladas esta semana por el presidente Luis Abinader. Margarita Melenciano, ex contralora, y Alicia Tyson, ex gerente financiera, aseguran que el organismo siempre operó con auditorías internas y mecanismos para evitar fraudes, pese a que ahora se cuestiona su legalidad.

El debate surge tras las críticas del mandatario, quien insinuó fallas en la supervisión de fondos públicos destinados a la salud. Sin embargo, las exfuncionarias, que trabajaron bajo la gestión de Altagracia Guzmán, rechazan las imputaciones: "Los controles eran rigurosos y se combatieron irregularidades, incluso con devoluciones de dinero y suspensiones a centros médicos privados", afirmó Melenciano.

¿Legal o ilegal?
El corazón de la polémica está en la Unidad de Contraloría Interna (UCI) del SENASA. Melenciano y Tyson sostienen que, al ser una entidad autónoma y descentralizada, dicha unidad contraviene la Constitución y la Ley 87-01, que regula el sistema de salud. En cambio, argumentan que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) es la única responsable de auditar al seguro estatal.

Radhamés Jiménez, exgerente financiero (2014-2016), respaldó lo dicho: "Había paneles de control tecnológicos que monitoreaban reclamaciones fraudulentas y alertaban sobre irregularidades". Además, destacó que los reportes mensuales enviados a la SISALRIL permitían un seguimiento paralelo de las finanzas.

El impacto en la confianza pública
Las declaraciones de las exautoridades profundizan la controversia en torno a la transparencia del sistema de salud dominicano. Mientras el gobierno enfatiza la necesidad de mayor fiscalización, los exfuncionarios insisten en que ya existían mecanismos eficaces, como la suspensión de códigos a prestadores y la revisión automatizada de servicios médicos.

Este enfrentamiento pone en evidencia tensiones institucionales que podrían afectar la implementación de futuras reformas sanitarias. Con la SISALRIL bajo escrutinio, la ciudadanía espera claridad sobre quién garantiza realmente el buen uso de los recursos públicos en salud.

Mientras tanto, el caso sigue abierto, y las repercusiones políticas y legales de estas denuncias podrían extenderse en los próximos meses.

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Telegram
Threads
Reddit

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No te pierdas ninguna noticia importante. Suscríbete a nuestro boletín.