Nueva ley fija topes a precios de combustible para aliviar economía familiar en medio de crisis global

Nueva ley fija topes a precios de combustible para aliviar economía familiar en medio de crisis global

El gobierno chileno ha implementado una serie de medidas urgentes para frenar el aumento de los precios de los combustibles, que han puesto en jaque la economía de los hogares y el transporte en el país. Estas acciones llegan en medio de un contexto internacional marcado por el alza global de los precios del petróleo, impulsada por el conflicto en Medio Oriente.

A partir de este jueves, 19 de noviembre, se fijó un límite máximo para los precios de la gasolina y el diésel, con reducciones inmediatas de $39 por litro en gasolinas y $142 en diésel. Este último incluye una rebaja adicional de $100 por litro. Estos precios máximos se mantendrán vigentes hasta el 7 de abril de 2027, fecha en la que podría evaluarse una nueva disminución.

La medida busca aliviar el presupuesto familiar, especialmente frente al impacto que los combustibles tienen en el transporte y el costo de vida. Ericka Farías Guerra, delegada presidencial regional, destacó que esta estrategia es clave para proteger a las familias chilenas de los efectos económicos derivados de la crisis internacional.

Además del control de precios, el gobierno ha implementado otras acciones complementarias, como el congelamiento de tarifas del transporte público y la entrega de bonos para taxis, colectivos y transporte escolar. También se han establecido beneficios tributarios para el sector del transporte de carga, que permitirán a las empresas recuperar parte del impuesto al diésel según sus ingresos.

Manuel José Correa, seremi de Hacienda, resaltó el impacto positivo de estas medidas en regiones como Magallanes, donde los costos logísticos son especialmente elevados. "Estos beneficios ayudarán a contener los costos de producción y los precios de los productos en la zona austral", señaló.

El esfuerzo fiscal para implementar estas medidas se estima en $820.587 millones entre 2026 y 2028, un costo significativo que busca equilibrar la necesidad de estabilizar la economía interna ante la volatilidad internacional. Estas acciones, según el gobierno, son pasos esenciales para proteger a los ciudadanos y mantener la competitividad del país en un escenario global incierto.

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