Empresarios urgen a diputados: piden más tiempo para adaptarse a nueva ley penal
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) lanzó un SOS al Congreso: exige acelerar la aprobación de un proyecto que daría dos años extra a las compañías para cumplir con las exigencias del nuevo Código Penal. El plazo actual vence el 5 de noviembre de 2026, y el reloj corre.
La iniciativa, ya aprobada en el Senado, modificaría el artículo 31 del Código Penal para posponer la entrada en vigor de normas que responsabilizan penalmente a las empresas. Fuentes del gremio advierten que, sin esta prórroga, el sector privado quedaría expuesto a sanciones sin tener tiempo suficiente para implementar cambios críticos en sus estructuras.
Carrera contra el tiempo
El proyecto, impulsado por el senador Rafael Barón Duluc Rijo, debe pasar ahora por la Cámara de Diputados y luego recibir el visto bueno del presidente Luis Abinader. El CONEP presiona a los líderes legislativos, Ricardo de los Santos (Senado) y Alfredo Pacheco (Diputados), para agilizar el trámite antes de que el plazo actual expire.
Según documentos internos, las empresas necesitan tiempo para:
- Crear sistemas de cumplimiento normativo.
- Establecer canales de denuncia internos.
- Capacitar a empleados y directivos.
"Sin una transición ordenada, la ley podría generar caos jurídico y afectar la competitividad", señaló una fuente cercana a las negociaciones.
¿Por qué tanta urgencia?
El nuevo Código Penal, una de las reformas legales más ambiciosas de los últimos años, busca sancionar delitos corporativos como corrupción, lavado de dinero y fraude fiscal. Pero el CONEP insiste en que las pymes —el 80% del tejido empresarial dominicano— no están preparadas para asumir los costos de adaptación.
Expertos consultados coinciden: aplicar la ley sin periodos de gracia podría llevar a cierres masivos de negocios. "No es lo mismo una multinacional que una ferretería de barrio", explicó un analista legal.
¿Qué sigue?
Todo depende ahora de los diputados. Si la Cámara baja no actúa antes de noviembre de 2026, las empresas deberán responder penalmente —incluso con disolución— por irregularidades cometidas por sus empleados. El CONEP ya ha ofrecido asesoría técnica al Congreso, pero el balón está en su cancha.
Mientras tanto, el mensaje del sector privado es claro: "Queremos cumplir, pero denos tiempo". El resto depende de los políticos.
